La Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, participó, ayer, en la primera reunión del año de la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, presidida por la Secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez. Durante la reunión, desde la Plataforma del Tercer Sector se ha solicitado la absoluta necesidad de mantener el modelo mixto de distribución de la recaudación del IRPF y del Impuesto de Sociedades con el destino del 80 % para las Comunidades Autónomas y del 20 % para el tramo estatal, prorrogando el acuerdo vigente al menos cinco años más (hasta el 31 de diciembre de 2030). 

• El objetivo será analizar cómo las emergencias sanitarias, climáticas y/o económicas, tienden a agravar las desigualdades existentes y afectan, en mayor medida, a las personas en situación de vulnerabilidad

• Este viernes se presenta el segundo estudio del Observatorio del Empleo en el Tercer Sector: «Las relaciones laborales y la gestión de recursos humanos en el Tercer Sector»

La Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, se adhiere al pronunciamiento presentado por CEPES, organización empresarial representativa de la Economía Social, junto con ONCE, CERMI, FEACEM, AEDIS e IGUALIS, que reivindica la necesidad de identificar y definir los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social como actores empresariales esenciales de la Economía Social.

La Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, se ha reunido con Víctor Ausín Rodríguez, director general de Política Económica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, para solicitar la reforma urgente de la Ley de Desindexación por su grave impacto en la sostenibilidad de las organizaciones del Tercer Sector.

La Plataforma del Tercer Sector(se abrirá nueva ventana), que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, ha sido invitada a participar en el acto de la Alianza del PERTE la Economía Social y de los Cuidados, organizado en el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Esta Alianza está presidida por la vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y reúne a los diferentes ministerios participantes en el PERTE, junto con representantes de las entidades más representativas de la Economía Social y de los Cuidados.

La Plataforma del Tercer Sector recuerda que el SMI supone una medida de garantía social y que si no se mantiene la exención de tributación en el IRPF se producirá un efecto de desigualdad en el sistema fiscal español castigando a las personas con menor capacidad económica

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, solicita que la medida de aumento del 0,7 al 1 % de la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto de Sociedades destinada a actividades de interés general consideradas de interés social se incluya en los Presupuestos Generales del Estado de 2025.

La Plataforma del Tercer Sector señala que el sistema de subvenciones actual requiere un cambio sustancial que permita alcanzar un marco de financiación estable, suficiente, garantizado y previsible. Pero mientras se avanza en ese cambio se propone aumentar hasta el 1 % la asignación tributaria para fines sociales para que las entidades sociales puedan contar con mayor estabilidad para planificar a largo plazo y aumentar, así, su impacto social.

La Plataforma ha explicado que todas las medidas que se contemplen deben abordarse desde una perspectiva social porque nos enfrentamos a una crisis humanitaria

• La Plataforma recuerda que las personas que han resultado damnificadas van a necesitar ayuda, también, a medio y largo plazo

• La Plataforma remarca la necesidad de acudir a los canales oficiales para obtener información y evitar así la desinformación y bulos que pueden dificultar la gestión de la emergencia Madrid

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, reclama que se aprueben con urgencia los Presupuestos Generales del Estado de 2025 porque son una herramienta esencial para impulsar las políticas públicas necesarias y asegurar el progreso económico y social.