La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que engloba a 30.000 entidades sociales, ha reclamado la reforma de la Constitución Española porque considera “necesario, prioritario y urgente” reforzar la protección de los derechos sociales. Así pide que estos se eleven a la categoría de ‘fundamentales’ de acuerdo a las cartas y tratados internacionales.

Coincidiendo con el 41º aniversario de la aprobación de la Carta Magna, que se celebra mañana, las entidades sociales pretenden que con esta reforma se defienda, proteja y promocione los derechos de las personas, especialmente de los colectivos más vulnerables, y se logré así un verdadero “Estado social”.

Desde la PTS esperan que el nuevo Gobierno atienda los problemas reales de la sociedad y otorgue a las políticas sociales la atención que requieren e impulse las demandas que desde el Tercer Sector se vienen reclamando desde hace ya tiempo. Además, aspira a que haya consenso político para poder avanzar en la citada reforma social de la constitución. “Necesitamos acuerdo y compromiso de las formaciones políticas para avanzar en derechos”, ha subrayado el presidente de la PTS, Luciano Poyato.

En este sentido, ha asegurado que “el objetivo de la reforma es dignificar la vida de la ciudadanía en su conjunto, pero especialmente de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad debido al aumento de la desigualdad y la disminución del bienestar, heredadas de la crisis económica”.

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha asegurado, la Asamblea General que tuvo lugar ayer en la sede de Fundación ONCE en Madrid, que la desigualdad es el gran reto que tiene ahora mismo España y espera que el nuevo Gobierno que se forme, tras las elecciones del pasado 10 de noviembre, lo afronte de manera” inminente”.

En su intervención, Poyato ha mostrado su preocupación por la falta de gobernabilidad que se ha vivido en los últimos meses y cómo la misma ha afectado a la hora de impulsar nuevas políticas para avanzar en igualdad e inclusión, teniendo en cuenta que en España actualmente hay 12,2 millones de personas en situación de pobreza o exclusión social.

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que engloba a más de 30.000 entidades sociales, confía en que se forme Gobierno tras las elecciones del próximo 10 de noviembre para impulsar las políticas sociales y empezar a solucionar los problemas reales de la ciudadanía, tras una época de inestabilidad política en la que la agenda social ha estado paralizada, pese a la urgencia de determinadas cuestiones.

Además, las entidades esperan que el nuevo Gobierno trabaje por avanzar en igualdad e inclusión y no retroceder en derechos fundamentales, dando cumplimiento así a los compromisos que están asumiendo durante la campaña electoral.

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a más de 30.000 entidades sociales, ha pedido que el desarrollo de la Ley del Tercer Sector de Acción Social sea una prioridad en la próxima legislatura, que esperan comience tras las próximas elecciones generales del 10 de noviembre. De esta manera se pondría fin al periodo de inestabilidad política que está afectando a la población en general, pero, sobre todo, a los colectivos más vulnerables.

La Plataforma del Voluntariado de España (PVE), la Plataforma del Tercer Sector (PTS) y la Fundación LaLiga han hecho un pacto para impulsar y cumplir con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además se han comprometido a seguir enfocando los programas que desarrollan para transformar el mundo, velando por los derechos humanos y teniendo en cuenta la sostenibilidad  y el cambio de modelo económico.

Así se ha puesto de manifiesto durante la celebración del seminario ‘Los ODS: Hagamos un pacto para cambiar el mundo’, que tuvo lugar el 24 de septiembre en Madrid y en el que han participado representantes de más de 100 entidades sociales y deportivas.

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha constituido el Comité de Coordinación Territorial, un órgano específico que servirá para avanzar en la articulación y cohesión del sector. Se trata de un espacio, en el que participan 10 mesas y plataformas territoriales (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja, Extremadura y Región de Murcia) en el que se podrá intercambiar, debatir y proponer cuestiones de interés compartido que permitan avanzar en materia social, tanto a nivel estatal como autonómico.

Como miembros del Consejo de Desarrollo Sostenible, el Alto Comisionado para la Agenda 2030 ha trasladado a la Plataforma del Tercer Sector (PTS) la puesta en marcha de la campaña #ODSéate, una iniciativa digital colaborativa, impulsada en alianza con todo tipo de actores, que se desarrollará principalmente entre el 16 y el 27 de septiembre de 2019.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha compartido con el Tercer Sector su valoración positiva sobre la nueva X con fines sociales del Impuesto de Sociedades, una medida que, desde este año 2019, permite a las empresas destinar el 0,7% de la cuota íntegra que declaran a financiar proyectos sociales, según dicta la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018.

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha trasladado al presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las organizaciones sociales, ya que son ellas las que, a través de su incidencia política con la Administración Pública, defienden los derechos sociales, impulsan las políticas inclusivas y mejoran las condiciones de vida de los colectivos vulnerables.

En este sentido, la PTS defiende la reforma de la Constitución Española para dotar con rango de fundamentales los derechos sociales, económicos y culturales y blindarles así con el máximo grado de protección y garantía.

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha lamentado que la agenda social siga paralizada ante la falta de formación de Gobierno, ya que, a su juicio, la inestabilidad política afecta a la población en general, pero, sobre todo, a los colectivos más vulnerables, que no pueden revertir su situación debido a la falta de políticas que promocionen sus derechos. Así lo ha manifestado después de que el Pleno del Congreso de los Diputados rechazase la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.