El Comité de Coordinación Territorial de la Plataforma del Tercer Sector (PTS), formado por las 10 mesas y plataformas territoriales (Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Canarias, Extremadura, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja y Comunidad Valenciana), ha reclamado a los gobiernos autonómicos diálogo real y efectivo para afrontar la crisis social que está produciendo el Covid-19 en cada región de España y atajar así los problemas reales de la ciudadanía.

La Plataforma del Tercer Sector, compuesta por 30.000 ONG, ha apoyado este jueves la renta social extraordinaria que está ultimando el Gobierno para hacer frente a la grave crisis que dejará el Covid-19 y que, según las previsiones, se prolongará en el tiempo y será aún más dura que la del año 2008. Actualmente, hay más de 12 millones de personas que viven en situación de pobreza y exclusión social en España.

El secretario de Estado de Derechos Sociales del Gobierno de España, Ignacio Álvarez, se ha comprometido con la Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por 30.000 ONG, a incluir el 95% de sus propuestas en la nueva ley de rentas mínimas, que el Ejecutivo está ultimando para dar respuesta a la grave situación social que está desencadenando el Covid-19.

Así lo ha explicado el presidente de la PTS, Luciano Poyato, tras reunirse por segunda vez con Álvarez desde el inicio de la pandemia, con el objetivo de avanzar en la aprobación de los mecanismos necesarios para paliar los efectos del coronavirus en la población más vulnerable, teniendo en cuenta las necesidades y demandas reales de las entidades sociales y las personas a las que atienden.

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por 30.000 ONG, ha valorado positivamente el escudo social puesto en marcha por el Gobierno para hacer frente a la emergencia provocada por el coronavirus, pero ha pedido ir más allá para proteger a corto, medio y largo plazo a las personas más vulnerables.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la PTS, Luciano Poyato, quien ha explicado que esta crisis sanitaria está desencadenando una crisis social que se prolongará en el tiempo, y que, según las previsiones, será más cruel que la de 2008.  Por tanto, ha dicho, "hay que blindar los derechos sociales y trabajar para que verdaderamente nadie quede atrás y el porcentaje de personas vulnerables no aumente de manera exponencial".

Con respecto al escudo social, las entidades sociales han aplaudido que el Gobierno haya tenido en cuenta las demandas de la Plataforma del Tercer Sector para poner en marcha, por ejemplo, la moratoria de las hipotecas y alquileres, la prohibición de los desahucios, la extensión del bono social, las ayudas para paliar la pobreza infantil y facilitar la conciliación familiar, el subsidio temporal para las empleadas del hogar, entre otras iniciativas.

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por 30.000 ONG, reivindicó el pasado miércoles una atención médica “inclusiva” que no discrimine a personas con discapacidad o mayores, ya que estos colectivos se están viendo afectados en mayor proporción por el Covid-19 y necesitan ser atendidos en igualdad de condiciones porque “todas las vidas tienen el mismo valor”.

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por 30.000 ONG, se ha reunido vía telemática con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, y con sus directores generales, para exponerle la gravedad de los problemas sociales que está provocando la crisis del coronavirus e intentar buscar vías para poder afrontarlos.

Así lo ha manifestado el presidente de la PTS, Luciano Poyato, quien ha explicado que la Plataforma ha presentado una panorámica real del impacto social que está teniendo la pandemia en las personas vulnerables, haciendo especial hincapié en los colectivos de personas mayores, sin hogar, personas con discapacidad, aquellas que viven en situación de exclusión social y el pueblo gitano, que son los grupos que están sufriendo en mayor medida la dureza de las consecuencias. 

Más de 40 entidades sociales, convocadas por la Plataforma del Tercer Sector, han reclamado ante el relator especial de la ONU de Derechos Humanos, Philip Alston, la urgencia de aprobar medidas políticas y económicas para revertir la situación de pobreza que se está viviendo en España derivada, principalmente, de la crisis económica que se inició en el año 2008 y que trajo consigo medidas restrictivas en materia social que afectaron, y siguen haciéndolo, a los colectivos más vulnerables.

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que engloba a más de 30.000 entidades sociales, ha saludado la formación del nuevo Gobierno de coalición, liderado por Pedro Sánchez, y ha pedido que se retome con urgencia la agenda social pendiente para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, concretamente de los colectivos más vulnerables. Actualmente, en España hay 12,2 millones de personas en situación de pobreza o exclusión social y alrededor de 1,5 millones de hogares no puede hacer frente a las facturas de la luz, el agua o el gas.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha afirmado que “tras una época de inestabilidad política en la que los temas sociales han estado fuera de la agenda institucional, es momento ya de tomar las riendas para avanzar en igualdad, inclusión y derechos fundamentales”.

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que engloba a 30.000 entidades sociales, ha reclamado la reforma de la Constitución Española porque considera “necesario, prioritario y urgente” reforzar la protección de los derechos sociales. Así pide que estos se eleven a la categoría de ‘fundamentales’ de acuerdo a las cartas y tratados internacionales.

Coincidiendo con el 41º aniversario de la aprobación de la Carta Magna, que se celebra mañana, las entidades sociales pretenden que con esta reforma se defienda, proteja y promocione los derechos de las personas, especialmente de los colectivos más vulnerables, y se logré así un verdadero “Estado social”.

Desde la PTS esperan que el nuevo Gobierno atienda los problemas reales de la sociedad y otorgue a las políticas sociales la atención que requieren e impulse las demandas que desde el Tercer Sector se vienen reclamando desde hace ya tiempo. Además, aspira a que haya consenso político para poder avanzar en la citada reforma social de la constitución. “Necesitamos acuerdo y compromiso de las formaciones políticas para avanzar en derechos”, ha subrayado el presidente de la PTS, Luciano Poyato.

En este sentido, ha asegurado que “el objetivo de la reforma es dignificar la vida de la ciudadanía en su conjunto, pero especialmente de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad debido al aumento de la desigualdad y la disminución del bienestar, heredadas de la crisis económica”.

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha asegurado, la Asamblea General que tuvo lugar ayer en la sede de Fundación ONCE en Madrid, que la desigualdad es el gran reto que tiene ahora mismo España y espera que el nuevo Gobierno que se forme, tras las elecciones del pasado 10 de noviembre, lo afronte de manera” inminente”.

En su intervención, Poyato ha mostrado su preocupación por la falta de gobernabilidad que se ha vivido en los últimos meses y cómo la misma ha afectado a la hora de impulsar nuevas políticas para avanzar en igualdad e inclusión, teniendo en cuenta que en España actualmente hay 12,2 millones de personas en situación de pobreza o exclusión social.