• Cuestionar o deslegitimar la acción de las organizaciones sociales especializadas, o introducir enfoques excluyentes en las políticas públicas, debilita los sistemas de protección social y la convivencia, señala la Plataforma

La Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, expresa su preocupación en el actual contexto marcado por recientes acuerdos políticos, ante la incorporación de planteamientos que podrían suponer un retroceso en la garantía de derechos y en la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.

La Plataforma recuerda que la labor de las entidades sociales se basa en principios ampliamente compartidos en el marco legal español y europeo: la defensa de los derechos humanos, la igualdad de trato, la dignidad de las personas y la cohesión social. Un trabajo contrastado, profesional y evaluado, que se desarrolla desde hace años en colaboración con las administraciones públicas y que ha demostrado generar impacto social positivo en todos los territorios.

El Tercer Sector en España constituye, además, un pilar clave en la sociedad y la economía española. Representa en torno al 3% del PIB, genera el 1,3% del empleo y realiza cerca de 48 millones de intervenciones directas al año, contando con la implicación de 4 millones de personas voluntarias.

Este alcance y capacidad de acción reflejan su papel esencial en la atención a millones de personas y en el fortalecimiento del tejido social. Asimismo, muchas de estas entidades desarrollan una labor fundamental en el ámbito de la cooperación internacional, contribuyendo a la defensa de derechos y al desarrollo sostenible en otros países.

Desde la Plataforma se señala que cuestionar o deslegitimar la acción de las organizaciones sociales especializadas, o introducir enfoques excluyentes en las políticas públicas, que establezcan diferencias en el acceso a derechos en función del origen, la situación administrativa u otras condiciones personales, no solo pone en riesgo la atención a las personas en situación de vulnerabilidad, sino que debilita los sistemas de protección social y la convivencia.

En este contexto, la Plataforma del Tercer Sector reitera su disposición al diálogo constructivo y a la colaboración con las instituciones desde el respeto al marco constitucional y a los compromisos internacionales asumidos por España. La protección de los derechos y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad deben seguir siendo un eje central de las políticas públicas, garantizando una sociedad más justa, cohesionada y comprometida con la dignidad de todas las personas.