La Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad se hace realidad
Presentada en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, permitirá el acceso de 90 millones de personas con discapacidad a la cultura, el ocio, el transporte, y favorecerá el turismo accesible entre los países de la región sin necesidad de volver a tramitar su certificación
Una persona con discapacidad que viaje de vacaciones a otro país de la región iberoamericana ya no tendrá que volver a demostrar su condición para subir a un autobús, entrar a un museo o acceder a una actividad de ocio o deportiva.
Es el principal objetivo de la Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad (TID), presentada hoy en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno: facilitar el reconocimiento recíproco de las certificaciones nacionales de discapacidad entre países.
El acto ha contado con la presencia de Su Majestad el Rey Felipe VI; el presidente de la República de Portugal; Antònio José Seguro; el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, entre otras autoridades. Un gesto que subraya el respaldo del más alto nivel a esta iniciativa que se ha lanzado desde la sede central del Grupo Social ONCE en Madrid.

Durante los próximos tres años, tiempo establecido como periodo de prueba, se trabajará para poner en común beneficios de los países participantes en ámbitos como movilidad y transporte público (acceso prioritario o tarifas reducidas), acceso preferente a cultura y ocio (museos, teatros y espacios recreativos), facilidades para instalaciones y eventos deportivos, o el uso de tecnologías de apoyo durante estancias temporales.

Durante esta fase de prueba se pueden adherir los países miembros del Programa Iberoamericano de Discapacidad que lo soliciten. Según Jesús Martín Blanco, presidente del PID, “finalizado el período piloto, se prevé escalar el modelo de manera progresiva a toda la región y llegar a los 90 millones de personas con discapacidad iberoamericanas”.
Acto con voces propias

Una conversación que reunió a voces de referencia del activismo y la institucionalidad en discapacidad de la región, entre las que se encuentra la mexicana Olga Montúfar, defensora de los derechos de las mujeres y niñas indígenas con discapacidad; Zilpa Arriola (Guatemala), consultora en Derechos Humanos que lideró el marco legal de la propia tarjeta; el español Javier García Pajares, referente en inclusión y primer estudiante Erasmus con sordoceguera; Magino Corporán (República Dominicana), recientemente incorporado al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas; y Magdalena Cosco (Uruguay), bailarina y primera persona con síndrome de Down en graduarse en una universidad del país, junto al Embajador Luis Gallegos, destacado diplomático ecuatoriano que participó activamente en las negociaciones para alcanzar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006.
Diez años de inclusión
El anuncio de esta nueva herramienta coincide con el décimo aniversario del Programa Iberoamericano de Discapacidad (PID), cuyas acciones se han proyectado en un video, y con los 20 años de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que son parte todos los países iberoamericanos.
Desde su adopción formal en la Cumbre de La Antigua (Guatemala), el Programa, que nació con el impulso de México y el respaldo técnico del Grupo Social ONCE, ha ido sumando países hasta la reciente adhesión de Brasil, que se incorpora a una lista que ya integraban Andorra, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Portugal, República Dominicana, Uruguay y España, país que preside actualmente la iniciativa.
En estos diez años, el PID ha implementado mejoras en los sistemas de valoración y reconocimiento de la discapacidad, ha generado datos e investigaciones, ha dado origen a proyectos como el Observatorio Iberoamericano de Empleo y Discapacidad basado en la estimación del Banco Mundial de que la plena participación laboral de las personas con discapacidad podría elevar hasta un 7% el PIB regional, y ha desarrollado orientaciones para el abordaje de las violencias hacia niñas y mujeres con discapacidad.
