La Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han emitido una declaración conjunta en la que instan al Gobierno a modificar la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española, por el grave impacto que está teniendo en la contratación pública de servicios esenciales.

 • La Plataforma del Tercer Sector subraya la necesidad de avanzar en los desarrollos reglamentarios previstos por la ley aprobada en 2015

• La Plataforma del Tercer Sector advierte que no se han desarrollado medidas clave como el inventario estatal del Tercer Sector y el programa de impulso previsto

La Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, ha celebrado este miércoles el I Congreso del Día Nacional del Tercer Sector, bajo el título «La dimensión social de las emergencias: claves para la prevención y la reconstrucción».

La Junta Directiva de la Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, se ha reunido en la sede de Cruz Roja Española. Durante el encuentro, se ha acordado reclamar la renovación del modelo mixto de distribución de la recaudación del IRPF y del Impuesto de Sociedades para fines sociales, vigente desde 2021, que establece un reparto del 80 % de los fondos gestionado por las comunidades autónomas y un 20 % correspondiente al tramo estatal.

La Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, expresa su profunda preocupación ante la grave crisis humanitaria que atraviesa la población civil en Gaza.

La Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, conmemorará el próximo 2 de octubre el Día Nacional del Tercer Sector con la celebración de un Congreso titulado "La dimensión social de las emergencias: claves para la prevención y la reconstrucción"(se abrirá nueva ventana). Durante el evento se analizará cómo las emergencias sanitarias, climáticas, políticas y/o económicas, tienden a agravar las desigualdades existentes y afectan, en mayor medida, a las personas en situación de vulnerabilidad.

La Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, acoge con satisfacción la aprobación, en Consejo de Ministros, de la reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social y de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, para acompasarlas a los mandatos del nuevo artículo 49 de la Constitución Española, que incorpora avances clave en materia de servicios sociales.

La Plataforma del Tercer Sector(se abrirá nueva ventana), que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, se reunió por tercera vez con la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en un nuevo encuentro con su director general, Víctor Ausín, para abordar la reforma de la Ley de Desindexación de la Economía Española.

La Asamblea General de la Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, se ha reunido en el salón de actos de Fundación ONCE, en Madrid. Durante el encuentro, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha reiterado la necesidad de consolidar el modelo mixto de distribución de los fondos del IRPF y del Impuesto de Sociedades, «con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de los programas sociales y reforzar la cohesión territorial».

La Plataforma del Tercer Sector reclama la reforma urgente de la Ley de Desindexación de la Economía Española(se abrirá nueva ventana) por su grave impacto en la sostenibilidad de las entidades sociales.

La actual normativa impide la revisión de precios en contratos de servicios y conciertos sociales, lo que está comprometiendo la sostenibilidad de muchas organizaciones que gestionan, en colaboración con las administraciones, servicios públicos esenciales. En este momento, las entidades sociales, con contrato con la Administración Pública, deben prestar los servicios sin variación de precios, durante toda la duración del contrato, y los elevados niveles de inflación están resultando deficitarios para las organizaciones.