La ONCE es, por su propia naturaleza, socialmente responsable, dado que absolutamente toda su labor está enfocada hacia la contribución activa y voluntaria a la mejora social y económica de la sociedad. Además, como Organización del siglo XXI enfocada a una función social, es consciente del impacto que su actividad genera sobre sus clientes y proveedores, sobre su plantilla de trabajadores y sobre la sociedad en general.

Además, desde 2018 la ONCE forma parte del Pacto Mundial de Naciones Unidas, la mayor iniciativa de sostenibilidad corporativa del mundo, y en octubre de 2021 ha dado un paso más en su compromiso con esta iniciativa y se ha adherido como Socia Signatory, lo que se traduce en una mayor implicación en apoyar, impulsar y difundir sus Diez Principios en materia de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción, así como en adoptar medidas para la consecución de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Por ello, conjuntamente con el ejemplo global de responsabilidad que representa su misión institucional y su compromiso con  las personas con discapacidad, la Organización incorpora otras acciones dirigidas a armonizar su función social y sus actividades comerciales con la protección de los grupos de consumidores; el fortalecimiento de nuestro modelo de servicios sociales; el impulso al juego responsable; el desarrollo profesional y humano de los trabajadores; la igualdad de oportunidades; la ética o los compromisos con el medio ambiente y la transparencia.

Enmarcada en el ámbito de la misión, visión y valores de la Organización, la Política de Sostenibilidad de la ONCE  (493.2 KB) establece los principios generales que deben regir su estrategia en materia de sostenibilidad.

La Política de respeto y promoción de los Derechos Humanos en la ONCE  (97.5 KB) , con especial mención a la Convención de Derechos de las personas con discapacidad, establece el compromiso con el respeto de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, así como los principios que rigen todas las actividades de la Organización y que se aplicarán en materia de debida diligencia de derechos humanos.

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