La ONCE valora de forma positiva la aprobación del Acta Europea de Accesibilidad por parte del Consejo de la Unión Europea, último trámite institucional comunitario necesario para su puesta en marcha. La norma vendrá a mejorar la vida de más de 80 millones de personas con discapacidad y mayores, y fomentará la innovación para hacer accesibles todo tipo de bienes y servicios.

Entrará en vigor una vez sea publicada en el Diario Oficial de la Unión, momento tras el que los Estados miembros tendrán tres años para adaptar su legislación y seis para aplicar los cambios, aunque habrá periodos transitorios para casos especiales.

La normativa establece unos requisitos mínimos para hacer más accesibles bienes y servicios tales como los ordenadores, teléfonos inteligentes, tabletas, televisores, cajeros automáticos y servicios bancarios, terminales de pago, libros electrónicos, sitios web de comercio electrónico, aplicaciones móviles y máquinas expendedoras de billetes.

También asegurará que las autoridades nacionales de vigilancia del mercado tengan la competencia para responsabilizar a las entidades privadas sobre la accesibilidad de sus bienes y servicios. Esta Directiva cumple igualmente con dos importantes demandas del movimiento de la discapacidad: la accesibilidad a las telecomunicaciones electrónicas y al número 112 de emergencia para todos y en toda la UE.

No obstante, el texto no impone soluciones técnicas detalladas y además excluye a las microempresas de algunas obligaciones.Tampoco recoge aspectos importantes como los medios de transporte -infraestructuras y vehículos- o los electrodomésticos. Igualmente se han quedado fuera del marco de la Directiva la accesibilidad de las instalaciones en las que se ofrecen bienes-servicios, como por ejemplo rampas, puertas, baños públicos y escaleras, a fin de que los entornos construidos o por construir sean siempre accesibles para las personas con discapacidad. En este ámbito, la Unión se limita a instar a los Estados miembros a que estandaricen sus exigencias.

Armonizar la normativa

En la actualidad, las medidas adoptadas por los Estados miembros para facilitar el acceso a las personas con discapacidad son divergentes en el contexto de los países que integran el Mercado Interior. El Acta Europea de Accesibilidad busca precisamente evitar esta fragmentación a través de la armonización normativa, una herramienta con la que la UE trata de avanzar hacia el cumplimiento total de los requisitos de accesibilidad determinados por el artículo 9 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vinculante en toda la UE al haber sido firmada y ratificada tanto por ésta como por todos sus Estados miembros.

Los requisitos de la Directiva respaldarán también las normas de contratación pública para productos y servicios accesibles, de modo que las autoridades públicas ya no utilicen el dinero de los contribuyentes en productos, servicios e instalaciones que discriminan a las personas con discapacidad. En definitiva, pese a sus carencias, supone un avance importantísimo en el objetivo de mejorar la calidad de vida de al menos 80 millones de ciudadanos europeos con discapacidad, y un hito en la intensa campaña de defensa de los derechos que las organizaciones europeas que les representan ante las instituciones europeas. Entidades como el Grupo Social ONCE, que participa activamente y de forma coordinada con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF).

Tras la aprobación del Acta, este movimiento asociativo de las personas con discapacidad continuará trabajando para que la futura Estrategia Europea sobre Discapacidad 2020-2030 establezca un mayor desarrollo legislativo y político, allanando el camino para una legislación armonizada a nivel de la UE sobre accesibilidad total, incluidos los entornos construidos, vehículos e infraestructuras de transporte, electrodomésticos o servicios. También para que el próximo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 continúe siendo la herramienta efectiva para la mejora de la vida de las personas con discapacidad en la UE a través de los Fondos Estructurales, y en especial mediante el Fondo Social Europeo.