La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, ha presentado sus demandas en torno a la garantía y reconocimiento de los derechos a todas las personas, el diálogo civil y la sostenibilidad financiera del sector. Durante la reunión, se ha destacado que el Tercer Sector es un actor fundamental y un agente clave para la defensa y promoción de los derechos e intereses sociales de toda la ciudadanía. Además, desempeña un rol imprescindible en el sistema de producción de bienestar social de nuestro país y ha sido un aliado clave para el sector público en cada crisis que ha existido en los últimos tiempos.

Durante el encuentro, el vicepresidente de Derechos Sociales, Transición Justa e Internacional de la Plataforma del Tercer Sector, Carlos Susías, ha explicado que la Plataforma propone aumentar del 0,7 al 1% la asignación tributaria para fines sociales del IRPF y del Impuesto de Sociedades, «para que las entidades sociales podamos contar con mayor estabilidad para planificar a largo plazo y aumentar, así, nuestro impacto social».

Además, el vicepresidente de la Plataforma ha señalado que, desde el Tercer Sector, se solicita la reforma urgente de la Ley de Desindexación por su grave impacto en la sostenibilidad de las organizaciones del Tercer Sector y ha reclamado “que se regule, legalmente, la revisión periódica de los costes unitarios de los servicios, por razones de interés social”.

Empresas de inserción social

Por su parte, Patricia Sanz, vicepresidenta de Igualdad y Transformación Digital de la Plataforma del Tercer Sector ha explicado que “las empresas de inserción social constituyen una forma de englobar la integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad y la creación de riqueza, a través del desarrollo de una actividad económica real”. La vicepresidenta también ha destacado que estas empresas “permiten reducir las situaciones de exclusión y discriminación social y favorecen la independencia e integración social”.

En relación con los centros especiales de empleo, ha solicitado que, cualquier desarrollo o modificación legal, mantenga la diferenciación entre los centros que son de iniciativa social y los que son de iniciativa privada o con ánimo de lucro.

Además, ha reclamado el impulso a la Comisión Interministerial para el desarrollo y mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública, que todavía no se ha constituido formalmente.

Ley de Economía Social y Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario

En relación con las empresas de economía social y los contratos laborales, Ana Abril, en representación de Cáritas, ha señalado las incompatibilidades que existen entre las modalidades de contratación de la reforma laboral y el acceso a las empresas de inserción y ha señalado la importancia de buscar un mejor encaje entre ambas normativas.

Además, también se ha solicitado que la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario se pueda aplicar de una forma óptima y eficiente.

A lo largo del encuentro, el coordinador de la Plataforma del Tercer Sector, Fran Lores, ha solicitado la colaboración de la Secretaría de Estado en relación con la campaña de la Casilla Empresa Solidaria del Impuesto de Sociedades para conseguir que más empresas marquen esta casilla.