La PTS ha presentado a la Cámara Baja un documento con propuestas de enmiendas para garantizar la protección de las personas vulnerables y en situación o riesgo de pobreza y/o exclusión

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha pedido a la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados que continúe mejorando la protección social y económica de las personas vulnerables y en situación o riesgo de pobreza y/o exclusión, a través del documento que ha presentado de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

La PTS considera que este Proyecto de Ley es un buen marco normativo para luchar contra la pobreza energética en la que se encuentran una de cada cinco personas en nuestro país, y garantizar que personas en situación vulnerable tengan acceso a servicios básicos como la electricidad y la calefacción.

Específicamente, la PTS solicita que sea mejorado con medidas que hagan la norma más inclusiva y eficaz, asumiendo una concepción global en la que se afronte la necesidad de crear un bono social energético, ya que únicamente el 62% del gasto energético de los hogares proviene de la electricidad.

Entre las medidas, destaca que se incluya en la definición de consumidor vulnerable a las personas en situación de dependencia grado I o familias con todos sus miembros en paro, e incluirles en la prohibición de corte de suministros que incurran en impago de la factura eléctrica, ya que el 44,6% de la población desempleada se encuentra en situación de pobreza en España.

Además, la PTS plantea que se ponga freno a los retrasos injustificados en la tramitación de las solicitudes por parte de las comercializadoras, que se aborden las situaciones de endeudamiento en las que incurren las familias, o que se contemple y reconozca a los consumidores vulnerables en régimen de alquiler. Asimismo, solicita que se ponga atención a la revisión de la inclusión o no de cuantías a las familias numerosas, entre otras medidas.

Con este conjunto de enmiendas la Plataforma del Tercer Sector espera que la nueva ley garantice una “mejora sustancial” para las condiciones de vida de muchas personas, en particular de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, garantizando el acceso a servicios básicos como la electricidad y la calefacción.