El contexto geopolítico actual exige, según la Plataforma del Tercer Sector, reforzar la capacidad de anticipación del país y blindar la cohesión social frente a posibles impactos económicos

La Plataforma del Tercer Sector(se abrirá nueva ventana), que representa a cerca de 28.000 entidades sociales en todo el país, reclama que el plan de respuesta que está elaborando el Gobierno ante la actual situación internacional garantice de forma explícita la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, que se encuentran en mayor riesgo ante posibles alteraciones económicas. 

El presidente de la Plataforma, Luciano Poyato, ha señalado que "en un momento de tanta incertidumbre económica, quienes más pueden sufrir las consecuencias son las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente ante el encarecimiento de los bienes esenciales y la energía y el impacto directo que estos cambios tienen en la vida cotidiana", por eso, ha indicado, "es fundamental que el plan de respuesta refuerce la prevención, la cohesión social y la defensa efectiva de los derechos de quienes más pueden sufrir las consecuencias de este contexto".

La situación internacional actual, marcada por una escalada bélica en Oriente Medio y por una creciente inestabilidad geopolítica, exige reforzar la capacidad de anticipación del país y blindar la cohesión social frente a posibles impactos económicos, por eso, la Plataforma reclama que las medidas económicas que pueda adoptar el Ejecutivo se diseñen con criterios de justicia social, reforzando los apoyos dirigidos a hogares con menos recursos, personas en situación de pobreza energética y familias con mayores dificultades de acceso a bienes esenciales.

Asimismo, recuerda que, en crisis anteriores, ha demostrado ser un actor imprescindible y un interlocutor fiable, capaz de aportar diagnósticos tempranos y propuestas eficaces para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad. Así, la PTS se pone a disposición del Gobierno para colaborar con el fin de contribuir a que la respuesta pública sea eficaz, justa y centrada en las personas que más pueden verse afectadas.