• Desde la Plataforma se señala que esta Ley está provocando una gran inestabilidad económica a las entidades del Tercer Sector y está afectando a la sostenibilidad de la prestación de servicios

• La Plataforma del Tercer Sector reclama la implantación de mecanismos que garanticen la estabilidad económica de las entidades sociales y que no repercutan, de manera negativa, en su competitividad

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, solicita la reforma urgente de la Ley de Desindexación por su grave impacto en la sostenibilidad de las organizaciones del Tercer Sector. La Ley de Desindexación limita la revisión de precios en los contratos con la Administración Pública para la prestación de servicios, por lo que las organizaciones sociales, con contrato con la Administración Pública, deben prestar los servicios sin variación de precios, durante toda la duración del contrato.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha señalado que «el impacto que esta ley tiene en las personas con las que el Tercer Sector trabaja y en la calidad de los servicios prestados es el factor fundamental que moviliza a la Plataforma para reivindicar, como sector, el abordaje jurídico de esta realidad y su solución».

Esta ley fue aprobada con el objetivo de hacer más competitiva la economía española, pero, en el contexto económico actual, está perjudicando, gravemente, a las entidades sociales porque produce un desequilibrio económico entre las obligaciones de las partes. Nueva regulación por razones de interés social La Plataforma del Tercer Sector reclama que se regule, legalmente, la revisión periódica de los costes unitarios de los servicios, por razones de interés social.

La Plataforma manifiesta su preocupación ya que la Ley de Desindexación está provocando que algunas organizaciones sociales tengan que asumir la gestión de servicios públicos y la atención a las personas entrando en pérdidas o no pudiendo concurrir a la licitación de nuevos servicios, porque no pueden garantizar unos mínimos de calidad en la gestión de los servicios prestados. La Plataforma del Tercer Sector reclama la implantación de mecanismos que garanticen la estabilidad económica de las entidades sociales y que no repercutan, de manera negativa, en su competitividad y se ofrece a trabajar, conjuntamente, con el Gobierno para conseguirlo.