• Coincidiendo con el 42º aniversario de la aprobación de la Carta Magna, que se celebra este domingo
• Confía en el Gobierno atienda los problemas reales de la ciudadanía e impulse las demandas que las entidades sociales reclaman desde hace ya tiempo

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a casi 28.000 entidades sociales, ha recalcado la necesidad de proteger los derechos sociales en la Constitución Española y ha defendido una reforma de la misma porque considera “necesario, prioritario y urgente” reforzar la protección de estos derechos y más teniendo en cuenta la situación “socialmente crítica” que ha ocasionado la COVID-19. Así ha pedido que estos se eleven a la categoría de ‘fundamentales’ de acuerdo a las cartas y tratados internacionales.

Coincidiendo con el 42º aniversario de la aprobación de la Carta Magna, que se celebra este domingo, las entidades sociales pretenden que con esta reforma se defienda, proteja y promocione los derechos de las personas, especialmente de los colectivos más vulnerables, y se logré así un verdadero “Estado social”.

Desde la PTS esperan que el Gobierno atienda los problemas reales de la sociedad y otorgue a las políticas sociales la atención que requieren e impulse las demandas que desde el Tercer Sector se vienen reclamando desde hace ya tiempo. Además, aspira a que haya consenso político para poder avanzar en la citada reforma social de la constitución. “Necesitamos acuerdo y compromiso de las formaciones políticas para avanzar en derechos”, ha subrayado el presidente de la PTS, Luciano Poyato.

En este sentido, ha asegurado que “el objetivo de la reforma es dignificar la vida de la ciudadanía en su conjunto, pero especialmente de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad debido al aumento de la desigualdad y la disminución del bienestar, que se ha agravado debido a la pandemia”.

Además, la Plataforma ha puesto sobre la mesa la importancia de que el texto constitucional reconozca el papel de las entidades del Tercer Sector de Acción Social. “La Constitución debe hacer un ejercicio de reconocimiento hacia las organizaciones sin ánimo de lucro surgidas de la iniciativa social que trabajan por el interés general. Los poderes públicos tienen que hacer una labor de reconocimiento del diálogo civil”, ha subrayado el Poyato.