• Durante la Asamblea General de la Plataforma del Tercer Sector (PTS)
• Piden una línea de interlocución directa para acelerar la elaboración de un plan de trabajo conjunto, una financiación estable y duradera y una agenda social compartida, basada en una nueva gobernanza cooperativa

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por casi 28.000 entidades sociales, ha firmado un acuerdo para reclamar “con máxima urgencia” a la secretaría de Estado de Derechos Sociales del Gobierno de España financiación estable y duradera, así como corresponsabilidad política para evitar el “derrumbe total” del Estado del Bienestar.

Así lo ha manifestado el presidente de la PTS, Luciano Poyato, durante la Asamblea General que se celebró ayer, 28 de octubre, en la que se ha insistido en la necesidad de que exista un compromiso firme por parte de la comunidad política que garantice unas condiciones de vida, que permitan un desarrollo vital digno al conjunto de la sociedad, y más en un momento de crisis económica y social que no hace más que agravar las situaciones de pobreza y exclusión.

En este sentido, Poyato explicó que, en estos momentos el Estado de Bienestar “está fuertemente tensionado y se encuentra amenazado”, por lo que es tiempo de buscar soluciones urgentes, flexibles e innovadoras para que los cimientos, a pesar de las debilidades, no se desmoronen por completo.

A través de este documento pedirá una línea de interlocución directa entre la Administración y la propia PTS para acelerar la elaboración de un plan de trabajo conjunto y una agenda social compartida, basada en una nueva gobernanza cooperativa, participativa, transparente y colaborativa.  

Preocupación de las ONG

Durante la celebración de la Asamblea General, las entidades sociales mostraron públicamente su preocupación y descontento con la merma sufrida en la convocatoria estatal del 0,7 del IRPF y del impacto que esto ha tenido en la capacidad de desarrollo de proyectos. En este sentido, han aprovechado para reclamar la puesta en marcha de la distribución de la recaudación del 0,7% del Impuesto de Sociedades, que lleva paralizada desde el año 2019, así como un marco de financiación previsible y duradero que garantice la sostenibilidad de las organizaciones del Tercer Sector de ámbito estatal y el desarrollo de sus actividades.

Ligado a este punto, intervino el secretario de Estado de Derechos Sociales del Gobierno de España, Ignacio Álvarez, quien se comprometió a poner en marcha “próximamente” la distribución de la recaudación del Impuesto de Sociedades, pero sin especificar los requisitos concretos. Además, destacó que una de las prioridades del Gobierno de España es asegurar la cohesión social y dijo que “es esencial contar con el Tercer Sector” para llevarlo a cabo. “Reafirmo de nuevo nuestro compromiso de poner en marcha el plan de trabajo estructurado con las ONG y un marco estable de financiación que dé tranquilidad al conjunto del Tercer Sector”, puntualizó Álvarez.

Por último, en la Asamblea General se reclamó nuevamente la presencia activa de las entidades del Tercer Sector de Acción Social en la gestación de los grandes consensos nacionales de recuperación del país para no dejar a nadie atrás.