El Consejo Superior de Fundaciones queda constituido en Madrid con participación estatal, autonómica y del sector fundacional para mejorar la coordinación y la seguridad jurídica. Las fundaciones españolas disponen desde esta semana de un nuevo órgano de interlocución con las administraciones públicas. El Consejo Superior de Fundaciones quedó constituido el martes 10 de noviembre en un acto celebrado en la sede de Fundación ONCE, en Madrid, con representantes de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y el sector fundacional. La creación de este organismo supone la culminación de un proceso que se remonta a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, que ya contemplaba su existencia. Su puesta en funcionamiento, más de veinte años después, responde a una reivindicación histórica de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), que considera necesario contar con un espacio estable para trasladar las necesidades del sector y participar en las decisiones que afectan a su actividad. El Consejo nace como un órgano colegiado de carácter consultivo. Entre sus objetivos figuran impulsar la cooperación institucional, favorecer el intercambio de información y contribuir a mejorar el marco normativo y administrativo en el que trabajan las fundaciones. La sesión constitutiva estuvo presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y contó con la intervención de la presidenta de la AEF, Pilar García Ceballos-Zúñiga. La asociación agradeció también la colaboración de Fundación ONCE, anfitriona del encuentro, y de su vicepresidente ejecutivo, Alberto Durán. Menos trabas administrativas y mayor seguridad jurídica Uno de los principales retos del nuevo Consejo será mejorar la coordinación entre las administraciones que tienen competencias en materia de fundaciones. La AEF considera que la dispersión normativa, los retrasos en los trámites y las diferencias de criterio entre registros y protectorados generan dificultades para el funcionamiento cotidiano de estas entidades. La asociación reclama procedimientos administrativos más ágiles, criterios homogéneos y una mayor coordinación entre los registros de fundaciones. En este sentido, considera especialmente relevante la futura actividad de la Comisión de Cooperación e Información Registral, prevista dentro del Consejo, que permitirá abordar cuestiones relacionadas con las inscripciones y los procedimientos registrales. La presidenta de la AEF también ha planteado la necesidad de mantener una interlocución estable con los distintos ministerios y las comunidades autónomas. Entre las cuestiones que considera prioritarias figuran una mayor agilidad en el funcionamiento del Protectorado de fundaciones de competencia estatal y un diálogo más estrecho con el Ministerio de Hacienda sobre la aplicación del régimen fiscal de las fundaciones y del mecenazgo. La constitución del órgano se ha apoyado en el desarrollo normativo aprobado mediante el Real Decreto 125/2026, de 18 de febrero, que modificó el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal. La AEF participó en su tramitación mediante alegaciones y aportaciones durante los procedimientos de consulta pública, audiencia e información pública. Un sector que reivindica su papel en la sociedad Durante su intervención, García Ceballos-Zúñiga defendió la aportación de las fundaciones al interés general y su capacidad para desarrollar proyectos con vocación de permanencia. «Las fundaciones convierten patrimonio privado en valor público con vocación de permanencia», afirmó. La presidenta de la asociación también reivindicó el papel de la sociedad civil organizada como un espacio de colaboración entre las instituciones públicas y el mercado. Entre los desafíos en los que las fundaciones pueden contribuir destacó la transformación tecnológica y la inteligencia artificial, el envejecimiento demográfico, el cambio climático, las desigualdades, el acceso a la vivienda, la salud mental y la soledad no deseada. La educación, la investigación, la cultura, la salud, la atención social, la protección del patrimonio y la inclusión laboral son algunos de los ámbitos en los que desarrollan su actividad estas entidades. Para la AEF, su contribución no se limita a la prestación de servicios o al desarrollo de proyectos, sino que también ayuda a fortalecer la confianza, la participación ciudadana y la cooperación institucional. Quién forma parte del Consejo Superior de Fundaciones El nuevo órgano cuenta con representación de tres ámbitos: la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y el sector fundacional. Su composición se articula en torno a diez representantes de cada uno de estos bloques. La presidencia corresponde al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. La secretaria del Pleno es Icíar Pérez-Baroja Verde, subdirectora general de Cooperación Autonómica del mismo ministerio. En representación de las comunidades autónomas participan representantes del País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunitat Valenciana y Aragón. Por parte del sector fundacional, el comunicado incluye a Pilar García Ceballos-Zúñiga, Alberto Durán, Vicente José Montes, Luis González, Antonio Pulido, Eugènia Bieto, Alejandro Sarmiento, Alejandro Echevarría e Ignacio Tremiño, vinculados a distintas fundaciones españolas. La constitución del Consejo llega en un momento en el que el sector reivindica su peso económico y social. Según un estudio elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) y presentado en 2024, España cuenta con 10.511 fundaciones activas, cuya aportación económica se estima en unos 27.000 millones de euros, alrededor del 2,4% del producto interior bruto (PIB). El mismo análisis calcula que su actividad sostiene cerca de 589.000 empleos directos, indirectos e inducidos y beneficia a unos 40 millones de personas. ..