Los trabajadores realizarán paros el primer viernes de cada mes para denunciar los incumplimientos de Ilunión Emergencias sobre el acuerdo laboral de 2022 y reclamar la mediación de la Junta
  La plantilla del servicio de atención telefónica del 112 de Castilla y León, gestionado por Ilunión Emergencias, irá a la huelga indefinida a partir del próximo viernes 6 de noviembre. Los paros se repetirán el primer viernes de cada mes, salvo que coincidan con un festivo, y estarán sujetos a los servicios mínimos que se establezcan para garantizar la atención a las emergencias.
  El Comité de Empresa justifica la convocatoria por el incumplimiento del acuerdo firmado en 2022 , que permitió poner fin a la huelga de aquel año con la mediación de la Junta de Castilla y León. Según la representación de los trabajadores, la empresa no está respetando las condiciones pactadas para organizar los turnos y descansos de una plantilla que presta un servicio esencial para toda la Comunidad.
  Uno de los principales puntos de conflicto es el sistema de rondas de rotación antiestrés , diseñado para facilitar el descanso del personal ante la elevada exigencia del trabajo. El acuerdo establece 40 rondas para los gestores de llamadas y seis para el personal de supervisión.
  Sin embargo, el Comité sostiene que la propia empresa ha reconocido ante los tribunales que actualmente solo funcionan 25 de las 40 rondas previstas. Además, asegura que la sexta ronda de supervisión lleva más de dos años sin cubrirse.
  La representación de los trabajadores también denuncia incumplimientos en materia de formación, acreditación de idiomas y respeto a la antigüedad en las contrataciones. El conflicto ha pasado desde febrero de 2026 por tres procesos de mediación en el Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA) y por una mesa de negociación, sin que se haya alcanzado un acuerdo.
  En mitad de este proceso, según el Comité, la empresa ha denunciado el acuerdo de 2022 con la intención de eliminar el sistema de rondas y descansos.
  El Comité cuestiona las condiciones del contrato público
  La representación laboral sostiene que las condiciones del acuerdo de 2022 figuran en el expediente de contratación de la Junta y que el presupuesto del servicio se calculó teniendo en cuenta su cumplimiento.
  «La empresa cobra un precio calculado como si cumpliera el Acuerdo, pero no lo cumple. La Junta está pagando un servicio en unas condiciones que no se están dando», señala el Comité.
  A esta situación añade la falta de personal, una carencia que, según asegura, la propia empresa ha reconocido por escrito en dos actas de reuniones con los representantes de los trabajadores. El Comité considera que la insuficiencia de plantilla , junto con la falta de formación y la pérdida de profesionales con experiencia, puede perjudicar la calidad de la atención telefónica y la respuesta ante las emergencias.
  La representación sindical también alude a actuaciones de la Inspección de Trabajo y resoluciones judiciales relacionadas con la gestión laboral de la empresa. Entre ellas cita problemas con la publicación de los cuadrantes de trabajo, sanciones por infracciones graves en materia de horarios y una sentencia de un juzgado de Valladolid que declaró nula la exclusión de una trabajadora del sistema de rotación.
  Petición de mediación a la Junta
  El Comité de Empresa ha solicitado la intervención de la Vicepresidencia Segunda de la Junta y de la Agencia de Protección Civil y Emergencias para que la Administración vuelva a mediar, como hizo en 2022, y exija a Ilunión el cumplimiento de las condiciones del contrato.
  De cara a la próxima licitación, los representantes de la plantilla reclaman que los nuevos pliegos incorporen expresamente las rondas y las condiciones laborales del acuerdo como obligaciones esenciales, con mecanismos efectivos para supervisar su cumplimiento.
  Además, plantean que la Junta valore la gestión directa del servicio de emergencias 112. «Un servicio esencial como este puede y debe gestionarlo la propia Junta. ¿Qué razón hay para mantener un modelo más caro y que funciona peor?», cuestiona el Comité.
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