La plantilla del servicio de atención de llamadas de emergencia 112 de Castilla y León ha convocado una huelga indefinida a partir de este viernes, 6 de noviembre, para reclamar el cumplimiento del acuerdo de empresa firmado en 2022. Los paros se llevarán a cabo el primer viernes de cada mes, salvo que coincida con un festivo. Los trabajadores cumplirán los servicios mínimos que se establezcan, por lo que, según el Comité, la atención a las emergencias estará garantizada. El servicio está gestionado por ILUNION Emergencias S.A. El conflicto se centra en el incumplimiento del acuerdo que puso fin a la huelga de 2022, tras la mediación de la Junta de Castilla y León, y que estableció las condiciones laborales de la plantilla.
  Uno de los principales motivos de discrepancia es el sistema de rondas de rotación antiestrés, diseñado para organizar los turnos y garantizar los descansos del personal. El acuerdo establece 40 rondas para los gestores de llamadas y seis para el equipo de supervisión. Sin embargo, según el Comité, la propia empresa ha reconocido ante los tribunales que actualmente solo funcionan 25 de las 40 rondas. Además, la sexta ronda de supervisión lleva más de dos años sin cubrirse.
  La representación de los trabajadores también denuncia incumplimientos relacionados con la formación, la acreditación de idiomas y el respeto a la antigüedad en las contrataciones. El conflicto ha pasado por el Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA) en tres ocasiones desde febrero de 2026 y por una mesa de negociación, sin que se haya alcanzado un acuerdo. Durante este proceso, la empresa ha denunciado el acuerdo de 2022, con la intención de eliminar el sistema de rondas y descansos, según el Comité.
  El Comité reclama la mediación de la Junta
  La representación de la plantilla sostiene que el acuerdo de 2022 figura en el expediente de contratación de la Junta como parte de las condiciones laborales aplicables y que el presupuesto del servicio se calculó teniendo en cuenta esas condiciones. Por ello, considera que la Administración está pagando por un servicio que no se presta conforme a lo establecido.
  A esta situación se suma la falta de personal, que la empresa ha reconocido por escrito en dos actas de reunión con los representantes de los trabajadores. El Comité advierte de que esta carencia, junto con la falta de formación y la pérdida de profesionales con experiencia, puede afectar a la calidad de la atención en un servicio esencial para la respuesta ante emergencias.
  El Comité también señala que la Inspección de Trabajo ha constatado retrasos en la publicación de los cuadrantes laborales y que la autoridad laboral ha sancionado a la empresa por infracciones graves en materia de horarios. Además, asegura que un juzgado de Valladolid ha declarado nula la exclusión de una trabajadora del sistema de rotación. A estos antecedentes se suman varias denuncias pendientes ante la Inspección y una demanda relacionada con las rondas.
  Ante esta situación, el Comité ha solicitado la intervención de la Vicepresidencia Segunda de la Junta y de la Agencia de Protección Civil y Emergencias para que la Administración medie en el conflicto y exija a la empresa el cumplimiento de las condiciones del contrato.
  De cara a la próxima licitación, los representantes de los trabajadores reclaman que los nuevos pliegos incluyan expresamente las rondas y las condiciones del acuerdo como obligaciones esenciales, con mecanismos de control sobre su cumplimiento. También plantean que la Junta valore la gestión directa del servicio 112.
  El Comité atribuye la convocatoria de huelga a los incumplimientos de la empresa y asegura que mantiene su disposición a negociar, aunque rechaza que se elimine un acuerdo que, según denuncia, no se ha llegado a cumplir.