Los trabajadores convocan paros el primer viernes de cada mes para denunciar los incumplimientos del acuerdo laboral de 2022. Más información La Junta fija los servicios mínimos de la huelga de teleoperadores de Emergencias Sanitarias para los viernes Síguenos
  El servicio de emergencias 112 de Castilla y León se enfrenta a un nuevo conflicto laboral.
  La plantilla encargada de atender las llamadas de emergencia en la Comunidad ha anunciado una huelga indefinida a partir del próximo viernes 6 de noviembre
  Los paros tendrán lugar el primer viernes de cada mes , salvo que coincidan con un día festivo.
  Los trabajadores cumplirán los servicios mínimos que se establezcan, por lo que la atención a los ciudadanos quedará garantizada durante las jornadas de protesta.
  Detrás de la convocatoria está el desacuerdo con Ilunión Emergencias , la empresa que gestiona el servicio, a la que los representantes de los trabajadores acusan de incumplir el acuerdo laboral firmado en 2022.
  Aquel pacto, alcanzado con la mediación de la Junta de Castilla y León , permitió poner fin a la huelga de ese año y recuperar cierta estabilidad después de la crisis provocada por el anterior adjudicatario.
  25 rondas operativas
  El principal punto de fricción son las denominadas rondas antiestrés.
  El acuerdo de 2022 establecía un total de 40 para los gestores de llamadas y seis para el personal de supervisión
  Sin embargo, según denuncia el Comité de Empresa , actualmente solo están operativas 25 de las 40 rondas previstas . La sexta ronda de supervisión, añaden, lleva más de dos años sin cubrirse.
  Los representantes de los trabajadores aseguran que esta situación se suma a otros “incumplimientos” relacionados con la formación, la acreditación de idiomas y el respeto a la antigüedad en los procesos de contratación.
  El desencuentro no es nuevo. Desde febrero de 2026, el conflicto ha pasado en tres ocasiones por el Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA), además de por una mesa de negociación, sin que haya sido posible alcanzar un acuerdo.
  Durante este proceso, según el Comité, la empresa ha denunciado el pacto de 2022 con la intención de eliminar el sistema de rondas y descansos que recoge.
  Un contrato público
  La representación de la plantilla pone también el foco en la responsabilidad de la Administración autonómica.
  Sostiene que el acuerdo laboral de 2022 está incluido en el propio expediente de contratación de la Junta como parte de las condiciones aplicables a los trabajadores y que el presupuesto del servicio se calculó teniendo en cuenta esas obligaciones.
  “ La empresa cobra un precio calculado como si cumpliera el Acuerdo, pero no lo cumple. La Junta está pagando un servicio en unas condiciones que no se están dando”, denuncia el Comité.
  A este escenario se añade, según los representantes de los trabajadores, una falta de personal que la propia empresa habría reconocido por escrito en dos actas de reunión.
  Una carencia que, unida a la falta de formación adecuada y a la pérdida de profesionales con experiencia y estabilidad, preocupa especialmente a la plantilla por las posibles consecuencias sobre la calidad de la atención.
  El Comité señala que la Inspección de Trabajo ha constatado retrasos en la publicación de los cuadrantes, que la autoridad laboral ha sancionado a la empresa por infracciones graves relacionadas con los horarios y que un juzgado de Valladolid declaró nula la exclusión de una trabajadora del sistema de rotación.
  También existen otras denuncias pendientes ante la Inspección y una demanda judicial relacionada con las rondas.
  Ante el bloqueo de las negociaciones, el Comité de Empresa ha solicitado la intervención de la Vicepresidencia Segunda de la Junta y de la Agencia de Protección Civil y Emergencias. Su objetivo es que la Administración autonómica vuelva a ejercer de mediadora, como ya hizo en 2022, y exija a la adjudicataria que cumpla las condiciones recogidas en el contrato.
  “Sin esa mediación, el conflicto se alargará de forma innecesaria en perjuicio de un servicio público vital”, advierten los representantes de los trabajadores.
  La reivindicación va más allá de la resolución del actual enfrentamiento. De cara a la próxima licitación del servicio, el Comité reclama que los nuevos pliegos incorporen expresamente las rondas y las condiciones del acuerdo laboral como obligaciones esenciales, acompañadas de mecanismos de control que permitan comprobar que se cumplen.
  Incluso plantea un cambio en el modelo de gestión . Los representantes de la plantilla piden que la Junta valore la posibilidad de asumir directamente el servicio de emergencias, en lugar de mantener su externalización.
  “Un servicio esencial como este puede y debe gestionarlo la propia Junta. ¿Qué razón hay para mantener un modelo más caro y que funciona peor?”, se preguntan.
  Por el momento, el Comité mantiene abierta la puerta a la negociación, aunque responsabiliza a Ilunión del inicio de los paros.
  La plantilla asegura que no está dispuesta a aceptar la desaparición de un acuerdo que, según denuncia, la empresa nunca ha llegado a cumplir en su totalidad. Mientras no haya avances, la huelga indefinida arrancará el 6 de noviembre.