EFEEl proceso de privatización es creciente y desigualMADRID La privatización de los servicios sanitarios en España aumenta tanto en su conjunto como en cada una de las comunidades autónomas, con altos incrementos en la utilización de seguros privados. Así, el gasto sanitario privado en 2025 rondó los 34.000 millones de euros –un 2,5% del Producto Interior Bruto (PIB)representando alrededor del 27% del gasto sanitario total en nuestro país, según el «12º Informe sobre la Privatización en las Comunidades Autónomas» elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp). El proceso de privatización es creciente y desigual, reflejando las distintas tendencias de los gobiernos autonómicos. A la cabeza desde que se inició esta serie en 2014 están las comunidades de Madrid, Baleares y Cataluña. Pero también destacan otras cinco regiones por su llamativo incremento desde 2014. La primera es Asturias, que ha experimentado un incremento del 95,8% y en los últimos 3 años se han acelerado sus procesos. La siguiente es Extremadura (94,4%) que acelera desde 2022 aunque Castilla-La Mancha no le va a la zaga (90%). Es llamativo el caso de Andalucía (70,8%), con una reducción desde el año pasado que podría deberse a la modificación de las asignaciones presupuestarias. Por último, Baleares (55,7%) se ha colocado por encima de la media con una evolución muy rápida desde la pandemia. El motor de la privatización es la demora en la atención sanitaria y sus indicadores, que no han dejado de crecer, extendiéndose a la atención primaria. La justificación social y política de la privatización es que los servicios sanitarios públicos son insuficientes para satisfacer la demanda de la población. Esto implicaría la necesidad de «colaboración público-privada». De esta forma, el deterioro de la sanidad pública por la infradotación, la falta de políticas públicas, al obsolescencia de modelos organizativos o la ineficiencia en la gestión forma parte esencial de las políticas privatizadoras. La falta de medios y profesionales provoca una inequidad en salud que crece en todo el Estado paralela al crecimiento de las desigualdades sociales y a la progresiva brecha social entre pobres y ricos. Pero la inequidad no solo afecta a las rentas bajas, también lo hace a la población con menor nivel de instrucción, a las mujeres, a las edades extremas de la vida, a quienes viven en la España vaciada.