DERECHOS El objetivo de la nueva normativa es reducir las listas de espera y transitar hacia un modelo que facilite los apoyos necesarios para envejecer en casa. Madrid «Hoy marcará un antes y un después. Hoy es el día que se refundó el sistema de cuidados». Con esta contundencia comenzó ayer el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, su intervención en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Su comparecencia estaba motivada porque el Gobierno aprobó transferir a las autonomías 904 millones para financiar el llamado nivel acordado del sistema de dependencia. Una inversión que se suma a la aprobada hace dos semanas y que supone duplicar las cuantías que el Estado transfiere por cada persona con un grado de dependencia reconocido. Con ello, la aportación estatal, según los cálculos del Gobierno, será de 6.200 millones de euros más entre este ejercicio y el año próximo. Pero la contundencia del ministro no solo tiene que ver con la financiación extra e histórica, sino también con la aprobación del texto impulsado por Derechos Sociales para reformar en un único cuerpo normativo las leyes de dependencia y discapacidad. El texto salió adelante por 179 votos a favor, Vox en contra y la abstención del PP. Una norma que, según Bustinduy», sienta las bases para «refundar el sistema de cuidados» porque promueve «transitar de un sistema marcado por la precariedad, la infrafinanciación y la construcción de grandes residencias, hacia un modelo de derechos de la ciudadanía, que facilita los apoyos necesarios para que las personas puedan envejecer en sus casas y en sus barrios». Bustinduy defendió una y otra vez que la «revolución y transformación profunda» que promueve la nueva ley va a acompañada de la «financiación necesaria» para reducir las listas de espera y cubrir todas las necesidades. Por ello, en el Congreso se ha introducido una enmienda que obliga al Estado a asumir el 50% de la financiación e impide que haya futuros recortes en la aportación estatal. Servicios y prestaciones Pero además la norma amplía el catálogo de servicios y prestaciones y agiliza ciertos procesos administrativos, con el objetivo de que haya unos mínimos de calidad, intensidad y ratios en las prestaciones que se reciben en todo el Estado. En cuanto a las medidas relacionadas con la discapacidad, la ley reconoce la accesibilidad universal como un derecho. n