El Pleno del Congreso aprobó ayer la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que impulsó el Gobierno hace ahora un año y que amplía los derechos de las personas en esta situación. Lo hizo con el respaldo de 179 diputados –los de los partidos del Gobierno y todos sus socios de investidura–, frente a los 33 noes de Vox y las 137 abstenciones de los parlamentarios del PP. El texto que se sometió a votación en el hemiciclo incorpora una enmienda que se introdujo en la Comisión de Derechos Sociales y que recoge que la Administración General del Estado deberá asumir el 50% del gasto total que las comunidades realicen en materia de dependencia –la gestión de estas prestaciones es competencia autonómica–. Fueron los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, los que impulsaron esta enmienda en Comisión. Hasta ahora, la ley solo establecía que la aportación financiera de cada territorio debía ser igual o superior a la de la Administración Central, pero muchas comunidades –la mayoría, presididas por el PP venían reclamando una mayor inversión estatal, que alcanzara incluso ese 50% de financiación del sistema que ahora queda estipulado por ley. En 2024, último año con cifras definitivas, la Administración General asumió de media el 27% de los gastos en dependencia, cubriendo el resto las autonomías. A la par que la reforma de la Ley de Dependencia –que debe ir al Senado antes de su aprobación definitiva–, el Congreso también convalidó ayer el decreto que contempla una inversión de la Administración General en dependencia de casi 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027. Con esta suma, el próximo ejercicio ya se alcanzará ese 50% de financiación estatal del sistema que ahora queda, además, blindado por ley. Más allá de lo relativo a la financiación del sistema de dependencia, la reforma aprobada establece nuevos derechos –y amplía algunos ya existentes para las personas dependientes o con discapacidad. Por ejemplo, la norma regula la teleasistencia como un «derecho subjetivo» y, frente a lo que sucedía hasta ahora, fija que las personas dependientes podrán recibir este servicio «con independencia del resto de prestaciones o servicios reconocidos». Igualmente, la reforma extiende la condición de cuidador más allá de los estrictamente familiares –ahora podrán ser vecinos, amigos, etc. y establece una convalidación automática entre los grados de dependencia y el reconocimiento de una discapacidad.