Las cuidadoras protestan frente al Congreso. Unas 30 mujeres con camisetas naranjas desplegaron ayer una pancarta frente al Congreso: “Somos muchas más de las que estamos aquí”. Alegan que al resto de las integrantes de la Plataforma de Cuidadoras Principales les es imposible participar porque están ocupándose de cuidar de sus familiares, grandes dependientes. “Es importante que esta ley salga adelante, con todos sus defectos”, afirma Céline Rodríguez, vicepresidenta de la plataforma. JAIME VILLANUEVALa modificación del texto sobre discapacidad elimina burocracia El departamento cree que las listas de espera se reducirán a la mitad Madrid Es algo así como un oasis, un minuto de calma en mitad de una tormenta. El pleno del Congreso aprobó ayer dos medidas que darán un gran empujón al sistema de la dependencia en España. Por un lado, el proyecto de reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, que prevé mejoras en servicios, apoyos más personalizados y reducir la burocracia. Por otro, una inyección económica sin precedentes en los 20 años de historia de la ley, a través de la convalidación del real decreto aprobado por el Consejo de Ministros en junio, que permitirá una inversión de 6.200 millones extra solo entre este año y el que viene. La primera ha salido adelante con 179 votos a favor; 33 en contra, los de Vox, y 137 abstenciones, del PP. La segunda, con 317 votos a favor y 33 en contra, los de Vox. En un lado de la moneda, los cambios normativos. En el otro, el dinero para pagarlos. Y, de nuevo, el ámbito de la discapacidad y la dependencia como sector capaz de generar consenso, aun en un momento tan complicado políticamente como el que atraviesa el Ejecutivo. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales e impulsor de ambas medidas, consideró: “es la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”. Así lo definió en el Congreso. “Lo que debatimos hoy no es un parche, es una refundación”, según sus palabras. Las administraciones deben dar respuesta, por un lado, al envejecimiento de la población, que hará que los 1,7 millones de personas atendidas se multipliquen en el futuro. Y, por otro, es preciso cambiar la mirada. Así lo defendió también el ministro unas horas antes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó el reparto de más de 900 millones para las comunidades autónomas como parte de la financiación de la dependencia: el llamado nivel acordado, que se transfiere a las autonomías vinculado a objetivos concretos, como la reducción de las listas de espera o la mejora de las condiciones laborales del sector. “Se trata de transitar de un sistema de la dependencia marcado por la precariedad, la infrafinanciación y por un modelo centrado en la construcción de grandes centros residenciales”, dijo Bustinduy, “hacia un modelo de derechos de ciudadanía que permita generar apoyos y soportes necesarios para que las personas puedan envejecer en sus domicilios, sus barrios, sus pueblos, sus ciudades, en condiciones de autonomía y con el mayor bienestar posible”. Tres medidas encaminadas, por tanto, a lo mismo: avanzar hacia un modelo de cuidados en el que sean los servicios los que se adapten a las personas y sus necesidades, no al revés. Y que pretenden avanzar en la reducción de la lista de espera y la mejora de las condiciones del empleo. Las reformas de las leyes de dependencia y de discapacidad responden al mandato de la reforma del artículo 49 de la Constitución, que no solo eliminó el término disminuido, sino que supuso una protección reforzada de los derechos de las niñas y mujeres con discapacidad y trasladó a los poderes públicos la necesidad de potenciar la autonomía personal. Esto es central en la reforma. Entre otras medidas, se reconoce la accesibilidad universal como derecho; también se crean nuevos servicios, como el de cuidados y apoyos en viviendas o la provisión de productos para la autonomía personal en forma de préstamo (por ejemplo, sillas de ruedas eléctricas o andadores). También contempla una mejora de servicios, como la ampliación de la ayuda a domicilio, para que pueda darse en el entorno próximo de los usuarios y no solo dentro de las viviendas, por ejemplo, acompañándolos al médico. Asimismo, se elimina burocracia, creando una pasarela por la cual se accede directamente a un 33% de discapacidad si se tiene un grado I de dependencia (el más leve) y un 65% para los grados II y III (los más graves). Durante el debate del real decreto ley en el pleno de la Cámara baja, la infrafinanciación histórica de la ley salió a colación una y otra vez. Desde el ministro — que recordó los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy (más de 5.000 millones de euros)— hasta los grupos nacionalistas —que recalcaron que las autonomías, competentes en la gestión de la dependencia, llevan años cargando con el grueso de la financiación de la ley—, pasando por el Partido Popular. Algo que entronca directamente con una de las medidas recogidas en el proyecto que reforma las leyes de PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR discapacidad y de dependencia: que la Administración General del Estado deberá aportar el 50% de la financiación de la ley, y las autonomías, el otro 50%. Una demanda de las comunidades —repetida especialmente en los últimos años por las gobernadas por el PP— y recogida en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar. Aunque no estaba plasmado en la ley y ahora pasará a estar blindado en ella. Pero, independientemente de que se recoja en la ley, el año que viene el Gobierno ya financiará el 50% de lo que cuesta, frente al 27% que aportó en 2024. Esto será gracias a los más de 900 millones aprobados ayer en el Consejo de Ministros, y también al real decreto ley que eleva las cuantías del denominado nivel mínimo de financiación, una cantidad que se transfiere a las autonomías por cada persona atendida. Estas cuantías se elevan en la ley de presupuestos de 2023, es decir, que para modificarlas sería preciso ha ..