MADRID. El Congreso de los Diputados aprobó ayer la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, así como el real decreto-ley de financiación, que contempla una dotación adicional de 6.200 millones de euros para el sistema de dependencia entre 2026 y 2027, el mayor incremento económico autorizado hasta la fecha. En concreto, la reforma de las leyes obtuvieron 179 votos, 33 en contra y 137 abstenciones; mientras que el Real Decreto-ley consiguió 317 síes y 33 noes de Vox. Además, el Consejo de Ministros autorizó ayer la transferencia de 904 millones de euros a las comunidades autónomas (que puede ascender incluso a 970 millones tras contabilizar los recursos que reciben los gobiernos de País Vasco y Navarra) para la financiación del nivel acordado del sistema de dependencia. Sumando esta inversión a la recogida en el Real Decreto-ley, la financiación total del sistema ascenderá a 5.513 millones de euros en 2026 y a 7.239 millones en 2027. Este refuerzo presupuestario permitirá a las comunidades autónomas disponer de más recursos para reducir las listas de espera, incorporar más profesionales y ampliar y mejorar los servicios que reciben las personas dependientes. La financiación estatal del sistema de dependencia se articula a través de dos vías. Por un lado, el nivel mínimo (que es la cantidad que transfiere el Ejecutivo por cada usuario en el sistema cada mes) y el nivel acordado, que se refiere a financiación subordinada al cumplimiento de varias metas por parte de las autonomías para que estas no puedan detraer su aportación al sistema. Respecto al primero mencionado, se duplicará la cuantía que el Gobierno transfiere a las regiones. En cuanto al nivel acordado, se ha incorporado una cláusula en la que si una comunidad autónoma merma o reduce su financiación de la dependencia también recibe menos del Estado. “Por cada euro que pongan de menos las CCAA, el Estado le transferirá un euro menos como incentivo”, dijo el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Además, la ley de dependencia blinda ese 50% de financiación que, al menos, debe asumir el Estado. A pesar de que se hayan autorizado ambas normas y convalidado el Real Decreto-ley, los diputados siguen teniendo dudas sobre cómo se va a financiar este sistema ya que carece de una memoria económica, según el Partido Popular (PP). Durante la sesión, recordaron que hay 20.000 millones que el Estado debe a las autonomías en torno a la dependencia. La reforma de la ley de dependencia permitirá compatibilizar varias prestaciones para una misma persona. También reconoce la figura del cuidador principal y del no profesional, incluyendo a personas del entorno cercano que, sin ser familiares, presten cuidados. Además, la teleasistencia pasa a ser un derecho garantizado y el plazo máximo para resolver las solicitudes de dependencia se reduce de seis a tres meses. Por su parte, la reforma de la ley de discapacidad establece que las personas con grado I de dependencia obtendrán automáticamente un 33% de discapacidad, mientras que quienes tengan grado II o III podrán acceder a un 65%. También reconoce la accesibilidad universal como un derecho.