S e viene desarrollando en los últimos años una preocupante tendencia política a responder a los retos del turismo mediante la imposición de la mal llamada “tasa turística”. A los históricos casos de Baleares y Cataluña se han sumado recientemente País Vasco, Galicia y Asturias. Los argumentos utilizados para justificarla parten de un diagnóstico que simplifica y banaliza la reflexión sobre el turismo, y su necesario equilibrio con la calidad de vida de la ciudadanía y el territorio que lo alberga. Estos van desde la necesidad de compensar las supuestas externalidades negativas del turismo (sin hablar de fomentar las positivas) hasta dotar de más recursos a los ayuntamientos para gestionar los servicios que demandan los turistas (obviando que ya se financian con los impuestos locales que pagan las empresas que los acogen y repercuten en sus precios a los turistas) o ayudar a “modular” los flujos turísticos (algo que no se ha conseguido en ninguno de los destinos españoles y europeos donde se ha implantado). La realidad apunta a que esta “tasa”, normalmente aplicada a la pernoctación en alojamientos reglados (que quedan penalizados frente a otros prestadores de servicios, especialmente los ilegales), se ha convertido en un instrumento para tratar de congraciarse con la ciudadanía tras señalar al turismo como un problema. En lugar de abordar los retos de gestión que afrontan determinados destinos, se transmite la idea de que basta con gravar la actividad turística para compensar sus efectos. Se asume que imponer una carga al turismo garantizará la aceptación de las “molestias” que pueda generar. Se ignora, sin embargo, que la mayoría de la ciudadanía española sigue valorando positivamente el turismo (84,5%, según la última encuesta de opinión de residentes del Gobierno). Lamentablemente, la realidad es más compleja. Exige una reflexión más profunda y una actuación que afronte la inserción del turismo en el sistema urbano y territorial de cada destino. Los más atractivos, deseados tanto para vivir como para visitar, afrontan hoy una creciente presión demográfica, de la que el turismo es solo una parte, normalmente minoritaria. En España, desde 2019, el incremento del turismo explica apenas el 7,8% del aumento de la presión humana, mientras que el resto responde principalmente a los flujos migratorios. A esta presión no se ha respondido con la necesaria rapidez en dos ámbitos clave del bienestar social: la construcción de vivienda y la adecuada dotación de infraestructuras y sistemas de gestión de la conectividad y la movilidad. El caso de la vivienda es especialmente relevante. Nadie anticipó que a la falta de vivienda se iba a sumar el tsunami de la vivienda turística. Esa conversión masiva de viviendas en alojamientos turísticos, impulsada desde 2010 por las facilidades de comercialización digital. Una tendencia que se ha asumido como un hecho consumado, pese a haber añadido desde entonces en las principales ciudades españolas y en sus lugares más emblemáticos, el doble de capacidad de alojamiento turístico en convivencia directa con los vecinos. Una, sino la principal, causa de los problemas de saturación en algunos destinos y momentos del tiempo, que están en el germen del malestar social asociado al turismo. Cargas fiscales En este contexto, las mayores cargas fiscales al turismo, a las que se empiezan a añadir nuevas limitaciones (como la restricción de coches de alquiler y del acceso de vehículos particulares por barco en Baleares, sin una alternativa realista de transporte) no dejan de ser un atajo. Frente a ellas, es el momento de reflexionar y actuar sobre las cuestiones de fondo. Principalmente, sobre cuál es el mejor modelo de destino para la ciudadanía y su papel e integración en el modelo deseado de ciudad. Ello supone establecer con rigor las capacidades de acogida, orientando en consecuencia la planificación urbanística. Elegir qué productos alojativos son los que aportan más valor e introducir instrumentos de ordenación para favorecerlos. Garantizar su equilibrio con el acceso a la vivienda. Luchar contra la ilegalidad y dotarse de medios suficientes para lograrlo. Facilitar la movilidad e invertir en infraestructuras y sistemas de gestión del tráfico para evitar la congestión. Insertar en la gestión la presión de los excursionistas, que deciden visitar los destinos y vuelven en el mismo día a sus lugares de origen (y nunca pagaran las tasas). Promover otros espacios para descongestionar los centros o mejorar los sistemas de información de lo que sucede, para poner los medios con los que resolverlo en tiempo real. El reto hoy se plantea en cómo promover una aportación constructiva del turismo dentro del complejo sistema demográfico, económico y territorial en el que se inserta. De potenciar su funcionalidad respondiendo a un posicionamiento sistémico de modelo elegido de destino. Un desafío de largo plazo que, por si fuera poco, debe integrar la profunda transformación del escenario geoestratégico global. Frente a ello, ojalá las tasas turísticas fueran la solución. Vicepresidente ejecutivo de Exceltur