La Junta prohíbe la entrada de residuos peligrosos de otras regiones. 

Las alternativas encarecen su gestión Los desechos tóxicos buscan vertedero tras su veto en Andalucía JAVIER MARTÍN-ARROYO Sevilla Andalucía impide desde hace un mes que los residuos peligrosos de otras regiones se traten o entierren en su territorio, por lo que los gobiernos y la industria de la Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Canarias y Extremadura buscan a la desesperada soluciones alternativas para ubicar estos desechos contaminantes. El Gobierno andaluz (PP) solo admite por “solidaridad interterritorial” envíos excepcionales desde Ceuta y Melilla, y residuos que puedan ser “valorizados” para reintroducirse en el mercado. Con esta severa limitación, unas 100.000 toneladas de residuos tóxicos serán desplazados a otras plantas y vertederos más al norte, más caras para las fábricas, según lamenta la patronal de los gestores de residuos industriales, Asegre. 

“Estamos buscando nuevas ubicaciones fuera de Canarias, pero ninguna comunidad está por la labor de seguir recibiendo residuos”, admitió el jueves el consejero canario de Transi ción Ecológica y Energía, Mariano Hernández. “La principal exportación de Canarias hoy es el combustible y la segunda son los residuos. Canarias debe avanzar a una solución propia, segura y estable, pero no es nada sencillo”. 

Canarias exportó a la Península 4.200 toneladas de desechos con amianto en 2024 y ahora sufre un atasco de esta basura tras el cerrojazo andaluz. “Todo el mundo está muy nervioso con los residuos de amianto y ahora cada operador busca una alternativa a Andalucía. Unos en Aragón, otros en Cantabria y otros en Galicia, con costes diferentes”, matiza Ángel Montañés, director general de calidad ambiental canario. 

El veto andaluz surgió tras el polémico traslado en barco de 30.000 toneladas de granalla y tierras contaminadas desde Montenegro hasta Nerva (Huelva) en 2022. Al año siguiente, el Gobierno autonómico aprovechó su Ley de Economía Circular para restringir las importaciones y dejar de ser “la cloaca de Europa”, en palabras de Ecologistas en Acción, que subrayó cómo la región enterraba cada año miles de toneladas de residuos procedentes de Reino Unido o Italia. 

Andalucía generaba entonces 300.000 toneladas e importaba 850.000, casi tres veces más, según datos oficiales. Y esa es la clave del asunto: la decisión política buscaba revertir que la basura tóxica de otras regiones y países acabara sepultada en el subsuelo andaluz, para lo que el Ejecutivo eligió la fórmula de una enmienda parlamentaria. La norma daba un plazo de tres años que ha terminado esta primavera. Por eso, el problema empieza ahora para la industria patria. 

Mientras, los traslados transfronterizos (desde la UE y países terceros) también se han reducido de manera drástica: “Empezamos a pedir informes a las autoridades de origen [de los residuos, como Montenegro] para preguntar si había instalaciones más cercanas”, explica un antiguo cargo en la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente andaluza que pide anonimato. “La rentabilidad de las plantas andaluzas era tirar los precios, y se me ocurren pocas maneras al margen de bajar los salarios”, añade con retranca este exresponsable. 

Desde la Comunidad Valenciana, de donde salen cada año 458.000 toneladas de residuos hacia otras regiones al carecer de plantas de gestión, la patronal se suma a la queja por el cierre desde el sur. “Las empresas valencianas se ven obligadas a trasladarlos a destinos cada vez más alejados, con el consiguiente incremento de los costes de transporte y gestión”, lamenta Elisa del Río, directora del área técnica de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana. Ecologistas en Acción, muy crítica con el Gobierno de Juan Manuel Moreno, apoya esta vez su restricción, aunque cree que se queda corta al no acotar las excepciones y convertir la norma en “interpretable”. “Nos parece bien la prohibición y el argumento de Asegre de la proximidad está cogido con alfileres. La gestión de los residuos es autonómica y las comunidades se tendrán que buscar la vida. Exigirle a Ceuta un vertedero es exagerado, pero no a otras como la [Comunidad] valenciana”, replica Carlos Arribas, responsable de residuos en la organización conservacionista. 

El sector, con una decena de estas complejas instalaciones en todo el país, es opaco y huye del ruido porque ningún pueblo quiere cerca un vertedero o planta, y menos de residuos peligrosos. “Todos los gestores nos pusi mos a notificar envíos como locos en 2023 para apurar los plazos. 

Estos tres años, Asegre se ha reunido con la Junta para que cambiara de opinión, pero no ha podido rascar nada. Todo nació con Montenegro porque fue mucho tráfico, todo legal y con poca peligrosidad, pero a la vista de todo el mundo porque salió en prensa. Ahora empieza el descenso y espero que nos afecte a un tercio de nuestros residuos”, confía un gestor de una de las tres plantas de tratamiento andaluzas que pide anonimato. Estas plantas están ubicadas en Nerva (Huelva), Jerez y Los Barrios (Cádiz). Las plantas argumentan que la prohibición andaluza hará que el traslado de residuos de una planta en Murcia o Extremadura empeore su huella ambiental, ya que aumentarán el riesgo de accidentes y las emisiones en el transporte. “Un residuo generado en Almería puede trasladarse a Huelva, recorriendo cientos de kilómetros, pero no desde Badajoz, pese a estar mucho más cerca. 

Al aplicar esta limitación, la Junta introduce barreras artificiales e impide tratar los residuos en la instalación adecuada más próxima”, censura Luis Palomino, secretario general de Asegre. La patronal considera que la medida andaluza choca con la ley estatal de residuos, que fija la gestión de los residuos peligrosos con el principio de proximidad geográfica como máxima. 

Los residuos peligrosos alcanzaron los 3,3 millones de toneladas en 2023, último año con datos, y un 3,8% menos que en 2022, seg ..