El pleno del Senado de España votará el próximo miércoles el proyecto de ley integral de impulso de la economía social, al que previsiblemente añadirá varias enmiendas de modificación. Como consecuencia, la iniciativa legislativa será devuelta al Congreso de los Diputados de España para que esta Cámara decida si ratifica o no los cambios introducidos por el Senado. Infografía alusiva a la noticia y está creada por una herramienta de Inteligencia Artificial
 Durante su tramitación en el Senado se han mantenido los contenidos favorables al sector social de la discapacidad defendidos por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) a lo largo de todo el proceso prelegislativo y parlamentario de esta iniciativa normativa.
 Así, la nueva Ley de Economía Social define como centros especiales de empleo de trabajadores con discapacidad —como una de las familias de la economía social— únicamente a aquellos que son de iniciativa social, excluyendo de esta consideración a los de iniciativa mercantil o privada, tal y como siempre había planteado el CERMI.
 Esta diferenciación no tiene ningún impacto negativo para el empleo de personas con discapacidad, ya que se trata únicamente de una clarificación conceptual sobre qué entidades forman parte de la economía social y cuáles no. Sin embargo, resulta muy relevante para evitar confusiones o interpretaciones interesadas.
 Además, el proyecto de Ley que aprobará el Senado mantiene el cambio introducido previamente en el Congreso que reconoce a la Organización Nacional de Ciegos Españoles como una entidad de carácter social, además de economía social. En virtud de esta consideración, podrá ser colaboradora de la Administración General del Estado en los términos previstos en la Ley del Tercer Sector de Acción Social de España y en sus desarrollos normativos.
 Con esta iniciativa legislativa, la agenda normativa de la discapacidad en el ámbito de la economía social continúa avanzando. Tras su aprobación definitiva y publicación en el Boletín Oficial del Estado, la nueva ley pasará a formar parte del ordenamiento jurídico vigente como derecho positivo.