Familia
Pensiones: Los partidos de izquierda se desmarcan del Pacto de Toledo
Por primera vez en la historia, las formaciones de izquierda –IU-ICV, ERC y BNG– rechazaron las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre las pensiones porque son, en realidad, un “engaño” a los ciudadanos para hacerles creer que sus derechos están a salvo. La reforma de las pensiones se vota en el Parlamento el 25 de enero.
La diputada del BNG Olaia Fernández afirmó que no apoya el texto porque las recomendaciones son “tan abiertas y flexibles” que “el Gobierno podrá presentar cualquier propuesta sin contradecirlas”. Ante esa convicción, las fuerzas políticas de izquierda han optado por “no participar” en ningún acto que pueda suponer una “información engañosa a la ciudadanía”, para inducir la confianza en que sus derechos están garantizados. “No vamos a participar en el lanzamiento de un mensaje engañoso, ni a aprobar un documento que no va servir absolutamente para nada”, sentenció Fernández.
En nombre de ERC, Joan Tardà insistió en que “nadie se puede llamar a engaño, ni se puede dar por no avisado” del “hachazo” que el Gobierno piensa asestar al sistema de pensiones. Su confianza es que “la movilización popular” haga replantearse su postura al Ejecutivo. “La batalla no está, ni mucho menos, perdida”, aseveró.
La voz crítica que encarnan estos tres grupos servirá, según Tardà, para que “la ciudadanía decida si sale a la calle o si se queda en casa”.
Por su parte, Gaspar Llamazares, de IU, denunció que la prioridad del Gobierno a la hora de plantear esta reforma de las pensiones está en “los mercados financieros y los fondos de pensiones”, por lo que vaticinó que las recomendaciones del Pacto de Toledo acabarán siendo “papel mojado” para el Ejecutivo.
Tras el “hachazo” que el Gobierno dará a las pensiones , la sociedad será “más desigual y, una parte, será más pobre”, puesto que la reforma supondrá un recorte del 10 por ciento del sistema público de pensiones en 2030.
Texto aprobado
La comisión parlamentaria sobre el Pacto de Toledo aprobó el pasado 29 de diciembre el texto en el que recoge las recomendaciones al Gobierno para la reforma del sistema de pensiones con los votos favorables de PSOE, PP y nacionalistas vascos y catalanes. Este informe debe ser aprobado por el Pleno del Congreso el 25 de este mes de enero, unos días antes de la fecha tope que se dio el Ejecutivo para abordar esta reforma, el 28. El informe contiene 19 recomendaciones, y en él se refleja específicamente que los grupos no han llegado a un acuerdo sobre ampliar la edad legal de jubilación. Asimismo, pide que se reserven las jubilaciones anticipadas para quienes tengan carreras de cotización largas o actividades de especial penosidad. Plantea también la posibilidad de un incentivo fiscal para generar pensiones para cónyuges no presentes en el mercado de trabajo, cuando el matrimonio tenga régimen de bienes gananciales.
La comisión defiende que se estudie la implantación de modalidades específicas de contratación para personas que trabajando en negocios familiares no hayan generado derechos de pensión adecuados y pide que se adopten medidas en el sistema de pensiones que reconozcan el esfuerzo realizado, principalmente por las mujeres, en el cuidado de los hijos o familiares dependientes.
Los grupos parlamentarios defienden igualmente que se aumente el período de cómputo para calcular la pensión, otra de las medidas que han generado una mayor polémica.
Consumidores, pymes, partidos y sindicatos, en contra de la subida de la luz
Consumidores, pymes y autónomos, partidos políticos y sindicatos han expresado su frontal rechazo a la subida de la luz del 9,8 por ciento a partir de enero, que ha suscitado calificativos como “brutal”, “inaceptable”, “disparatada” y “nefasta”.
Todas las organizaciones de usuarios y consumidores dejan clara su oposicición a una medidaa a la que, además, se suma una subida del gas natural del 3,9 por ciento. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia que el Gobierno se someta a las reivindicaciones del lobby eléctrico y decida subir el recibo de la luz de modo “inaceptable y aberrante”. Por su parte, Facua considera que el procedimiento por el que se fija el precio de la electricidad presenta “anomalías que merecen ser investigadas”. Además, esta asociación ha iniciado una campaña de movilización ciudadana: ha elaborado una carta dirigida al presidente del Gobierno que, bajo el lema “contra el tarifazo eléctrico de Zapatero”, los usuarios podrán enviar al presidente del Gobierno. La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) afirma que la subida es “inaceptable, insostenible e inaccesible” y cree que afectará a la capacidad de compra de los consumidores.
Los autónomos de UPTA y de Conae inciden, por su lado, en cómo afectará este encarecimiento a las pequeñas y medianas empresas, que deberán pagar más por la electricidad y, además, tendrán que enfrentarse a los efectos que la medida tendrá en el consumo.
En el plano sindical, la Federación de Industria de CCOO se ha posicionado en contra de un aumento tarifario que tendrá un fuerte “impacto social”. Y en cuanto a los partidos políticos, también han mostrado su rechazo al aumento del recibo de la luz. El líder del PP, Mariano Rajoy, indicó que se trata de una prueba de la “disparatada” política económica del Gobierno y de la necesidad de un cambio político. Desde el BNG, la medida fue tachada de “pésima noticia” y, para el coordinador general de IU, Cayo Lara, hay “gato encerrado” en este incremento, que entiende que es poco transparente.
Sólo el Gobierno y las compañías eléctricas han declarado estar de acuerdo con este aumento de la luz.
