Empleo
Hacia la contratación pública socialmente responsable
Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) han creado el Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable con el fin de favorecer la integración laboral de personas con discapacidad a través de los procesos de compras de las administraciones.
Laura Vallejo Fotos: Jorge Villa
Dicho foro se centrará en la inclusión de cláusulas de contenido social en los procesos de licitación de servicios y suministros públicos, al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público. Inicialmente, la organización se constituyó como una reunión informal de administraciones públicas, empresas contratistas y el sector de la discapacidad para trabajar en este sentido. Posteriormente se transformó en entidad sin ánimo de lucro, bajo la forma de asociación, y fue presentada oficialmente el pasado 10 de febrero.
El sector empresarial se encuentra representado en la Presidencia del Foro, que ejerce María Garaña, presidenta de Microsoft, y en su Vicepresidencia, que recae en Juan Ignacio Entrecanales, vicepresidente de Acciona, y Alejandro Echevarría, máximo responsable de Telecinco.
El comité directivo de la organización lo componen Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE; José Luis Martínez Donoso, consejero delegado del Grupo Fundosa, y el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, así como representantes de la Federación Empresarial Española de Centros Especiales de empleo (Feacem) y de la Universidad Complutense de Madrid.
Las compras públicas representan entre el 18 por ciento y el 20 por ciento del PIB en España, por ello Alberto Durán señaló, con motivo de la presentación del Foro, que la contratación pública responsable es un “vehículo importante” que puede ofrecer importantes oportunidades al sector de la discapacidad y ser rentable para las compañías.
“Estamos seguros de que una empresa socialmente responsable será además una empresa mucho más fuerte”, subrayó Durán. “En este momento de crisis creemos que hay una oportunidad de hacer política social con el gasto público. Es una oportunidad importante, un vehículo para transformar la Administración Pública y hacerla mucho más responsable y que dé ejemplo al mundo empresarial”, añadió.
Hacer más sociales los procesos para la contratación administrativa es la principal meta de esta organización, y para ello llamará la atención de las administraciones públicas sobre la necesidad de cumplir lo establecido por las normativas de aplicación en este ámbito.
Asimismo, el Foro se encargará de difundir las buenas prácticas de los organismos públicos, para que esas experiencias socialmente responsables sirvan de ejemplo a otras administraciones.
También ofrecerá asistencia técnica, tanto a instituciones públicas como a las empresas y organizaciones contratistas, para la inclusión de cláusulas sociales en los procesos de contratación.
Los productos y servicios de compañías y organizaciones que contribuyan a la integración laboral de personas con discapacidad serán distinguidos con la “Etiqueta social”, un sello desarrollado por el Foro.
Además, esta organización pretende ser un espacio de encuentro para empresas y centros especiales de empleo con el fin de promover su cooperación con fines sociales, y prevé incorporar como socias a todas las entidades que muestren interés en la incorporación de cláusulas sociales en los procesos de licitación pública.
Herramientas on-line
En la página web del foro se puede consultar la legislación y normativas internacionales, estatales y autonómicas relacionadas con la contratación pública y la igualdad de oportunidades.
También incluye enlaces a la Plataforma de Contratación del Estado, y a los sitios web de las comunidades autónomas y ayuntamientos de más de 200.000 habitantes, que permiten buscar información de los concursos públicos actualmente abiertos y de los ya adjudicados.
En el apartado de buenas prácticas se incluye el Manual del Cermi de contratación pública socialmente responsable en relación con las personas con discapacidad, un documento práctico que pretende facilitar a los órganos de contratación de las distintas administraciones la introducción de cláusulas sociales en las licitaciones públicas.
El manual explica todas las cláusulas sociales, tanto obligatorias como voluntarias, que pueden incluir en dichos procesos, e incluye formularios y modelos para la redacción de contratos socialmente responsables.
El epígrafe de buenas prácticas se completa con modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares para la contratación de suministros y servicios, así como documentos reales de este tipo realizados por organismos públicos.
(www.contratacionpublicasocial.com)
Empresas comprometidas con la discapacidad
“Si conseguimos incentivar la contratación de personas con discapacidad sin invertir más dinero, estamos hablando de un vehículo de una fuerza increíble”, destacó Garaña.
Su vicepresidente, Alejandro Echevarría, presidente de Telecinco, hizo hincapié en la importancia de la implicación empresarial en la construcción del modelo de contratación socialmente responsable, y en los beneficios de éste.
En concreto, se refirió a los incentivos y bonificaciones económicas que conlleva la integración laboral de personas con discapacidad, pero también a la mejora del posicionamiento global, la imagen corporativa y el clima laboral asociado a ella.
“Al final, la inclusión de elementos sociales en las contrataciones públicas es rentable para las administraciones públicas, para las empresas y para la sociedad. Invitamos al mundo empresarial a unirse a esta iniciativa”, concluyó.
El Gobierno por la contratación pública socialmente responsable
Ramón Jáuregui, ministro de la Presidencia, destacó el potencial para la mejora de la integración laboral de las personas con discapacidad de la contratación pública responsable, con motivo de las Jornadas organizadas por Fundación ONCE y el Nuevo Lunes sobre este asunto.
También señaló la capacidad de la Administración para “estimular” comportamientos responsables, no “solo con el discurso” sino también con el “arma” de las compras públicas. “Tenemos que dar un paso más y seguir avanzado en la ordenación de esas cláusulas, haciéndolas más homogéneas en las distintas administraciones”, subrayó, en referencia a la inclusión de requisitos sociales en los pliegos de condiciones para la adjudicación de contratos públicos.
Asimismo, el ministro de la Presidencia lamentó que solo un 14 por ciento de las empresas españolas cumpla el porcentaje de contratación de personas con discapacidad que establece la normativa vigente, lo que supone que 600.000 personas con discapacidad no pueden trabajar.
Por ello, Jáuregui califica de “oportunidad” para la cultura de la Responsabilidad Social trabajar por encima de cuotas, leyes y subvenciones en la inserción de las personas con discapacidad.
Asimismo, sostiene que ésta debe constituir uno de los “núcleos de la sostenibilidad de una empresa” y puede contribuir a la salida de la crisis económica.
Por su parte, Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y su Fundación, recordó en ese acto que en la contratación de personas con discapacidad no se cumple la ley, e insistió en que “no es suficiente con la mera promulgación de una legislación social positiva, sino que es necesario llevar a cabo una incesante labor de información, concienciación y estímulo en la aplicación efectiva de todos los aspectos sociales”.
“Hay otra forma de hacer las cosas, y una de ellas es hacer política social con los mismos recursos que antes solo se destinaban a las compras de bienes y servicios por parte de la administración”, concluyó Carballeda.
