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Autonomía Personal y Dependencia. Una ley a examen.

Silla de ruedas

Se cumplen tres años de la entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y, como establece la propia ley, es momento de someterla a revisión para analizar su aplicación y corregir los aspectos en los que no está funcionando como se esperaba. Los largos plazos para resolver expedientes o la financiación del sistema son algunos de los temas que hay sobre la mesa.

Chema Doménech / Almudena Hernández

Tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, bautizada en aquel momento como el ‘cuarto pilar del Estado del Bienestar’, se inicia un proceso de revisión y análisis de esta norma, con el fin de evaluar su grado de aplicación y corregir aquellos aspectos en los que no está respondiendo a las expectativas depositadas en ella.

Uno de estos aspectos que está suscitando más quejas por parte de los beneficiarios de la ley son los plazos excesivamente largos que transcurren desde que la persona dependiente solicita la ayuda hasta que finalmente la recibe. Asimismo, es necesario también que las comunidades autónomas, que tienen las competencias sobre la prestación de estos servicios, unifiquen los criterios a la hora de evaluar el grado de dependencia y actúen con la mayor celeridad posible, ya que, mientras en algunas comunidades el sistema está funcionando con normalidad, en otras la ley se está aplicando con muchísimo retraso. Esta situación vulnera una de las premisas con las que nació la norma, la de que todas las personas con derecho a ayuda recibirían idénticos servicios con independencia de la región en la que vivan.

Porque, tres años después de ponerse en marcha el sistema, son miles las personas que, teniendo derecho a ella, aún aguardan ayuda. Lo más lamentable es que algunas de ellas mueren esperando.

El último estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales pone de manifiesto que el tiempo de espera medio desde que se solicita recibir algún servicio o prestación hasta que efectivamente se recibe oscila entre los 12 y los 18 meses, un plazo demasiado largo, más teniendo en cuenta las circunstancias de las personas que solicitan estas ayudas.

Según Luis Alberto Barriga, autor de este estudio, “es evidente que la agilidad del sistema se rompe en el tiempo que media entre la valoración de dependencia y la elaboración del PIA (Programa Individual de Atención), lo que hemos denominado ‘el limbo de la dependencia’. Una franja en la que las personas tienen un grado de dependencia suficiente para ser acreedoras del derecho a recibir apoyos y que, sin embargo, son víctimas de una política de ‘contención de expedientes’ en una espera excesiva, abusiva y sin explicación posible”.

Silla de ruedas a contraluz

Cada vez más beneficiarios

Según cifras oficiales, desde el 1 de enero de 2007, fecha en la que entró en vigor la ley, hasta el 1 de enero de este año, se han recibido un total de 1.277.806 solicitudes de algún tipo de servicio o prestación por dependencia. De ellas, se ha reconocido el derecho a recibirlas a 743.596 personas, de las que 485.526 efectivamente la reciben. Es cierto que cada vez se atiende a más personas (en 2009 se incorporó al sistema un 140 por ciento más de personas que en los dos años anteriores, según el Gobierno) pero el dato preocupante es que la lista de espera de quienes tienen derecho a ayuda y aún no la han recibido no disminuye.

Para Miguel Ángel Verdugo, director del Instituto Universitario de Integración de la  Comunidad (Inico) y catedrático de Psicología de la Discapacidad de la Universidad de Salamanca, uno de los graves problemas que afectan a la aplicación de la ley es la falta de coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno. Según declara, “esto no es imputable sólo al Gobierno, sino que hay comunidades autónomas que no han tenido interés de ponerlo en marcha, o que incluso han tomado algunas decisiones cuestionables, como que los valoradores de la dependencia sean personas sin conocimientos suficientes para hacer su trabajo, o sea, que no se ha cualificado suficientemente a los valoradores. Por un lado ha habido imprevisión económica y de impacto de beneficiarios y, por otro lado, una falta de coordinación con las comunidades autónomas que se debería haber resuelto antes de haber puesto en marcha la ley. Al implicar tanto a las comunidades autónomas, era una responsabilidad conjunta de ellas y de la Administración central. Igual que se ha hablado de un pacto de la educación, probablemente se tendría que haber hecho un pacto de lo social, porque las competencias y el dinero no salen sólo del Estado, sino también de las comunidades autónomas”.

Reforzar la autonomía personal

Quien también ha presentado sus propuestas ante este primer proceso de evaluación y revisión de la ley ha sido el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (Cermi) que aglutina a miles de personas con derecho a beneficiarse del sistema. En un documento remitido a los grupos parlamentarios, al Gobierno y a las comunidades autónomas, el Cermi define su posición y destaca la necesidad de “desarrollar y aplicar en todas las comunidades un protocolo homogéneo de promoción de los derechos y atención a las personas con discapacidad que asegure la continuidad y coordinación entre los sistemas implicados”.

Según el Cermi, “la puesta en marcha del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) está generando la pérdida del perfil de discapacidad, que queda absorbido en una consideración más nebulosoa y difusa, al quedar englobado en el nuevo concepto de dependencia, que carece de límites nítidamente reconocibles. Esto puede poner en peligro los avances y conquistas alcanzados en cuanto a determinación de apoyos específicos en función de cada discapacidad singular. Y puede suponer en un periodo de tiempo el desmantelamiento del sistema de servicios sociales español, al no considerar necesaria la atención en función del tipo de discapacidad ni de otros factores sociales, sino en función del grado y nivel de dependencia”.

En este sentido, el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, cree que “es necesario reforzar el bloque de autonomía personal de la Ley de Dependencia, para que la discapacidad tenga encaje en la misma”. Según asegura Pérez Bueno, “hay comunidades autónomas que, extralimitándose, han forzado a las personas a ser dependientes. Si estaban en algún servicio público recibiendo algún tipo de asistencia, de oficio los han declarado dependientes, sin contar con su parecer. Esto es inadmisible y elevamos la crítica a un exagerado intervencionismo de los aparatos administrativos y la poca libertad que se deja a las personas de elegir el tipo de prestación que requieren, dentro de lo que sea razonable, y pedimos que las prestaciones que en el PIA uno reciba no sean una mera imposición de un trabajador social o de un equipo multidisciplinar”.

Según el catedrático Miguel Ángel Verdugo, “la dependencia es sólo una parte del título de la ley. Se ha entendido siempre como el lado pasivo y negativo. La autonomía personal sería lo positivo. No se trata de dar dinero porque alguien tiene dependencia, sino de promover la autonomía personal, la autodeterminación de la persona y mejorar su calidad de vida. Esto es lo que tiene que ver con la autonomía personal, beneficiar al usuario en la promoción de su independencia, capacidad de decisión y elección”.

De las 485.526 personas que a 1 de enero de 2010 tenían reconocida alguna prestación, sólo 101.209, es decir, el 20,8 por ciento  del total, tenían menos de 65 años, lo que, en opinión del Cermi, refleja que la norma atiende a las personas mayores (un 80 por ciento del total) pero que las personas con discapacidad no acaban de incorporarse a las prestaciones que prescribe la ley.

Financiación

Uno de los grandes caballos de batalla en la revisión de la Ley de Dependencia será sin duda la financiación de la misma. En este sentido, el Gobierno destaca el hecho de haber aumentado en un 35 por ciento en los presupuestos generales para este año la cantidad dedicada a financiar el SAAD. Sin embargo, siguen escuchándose voces que hablan de falta de recursos para aplicar correctamente la ley.

Por parte del Cermi, se pide plantear un modelo básico de PIA común para todo el territorio nacional y exige al Consejo Territorial “que establezca una posición y criterios homogéneos, que se respeten por todas las comunidades, para determinar la participación del beneficiario en el coste del servicio y acabar con la diversidad de criterios que actualmente se están aplicando”. Asimismo, el sector de la discapacidad recuerda al Gobierno su “posición inamovible” de que queden exentos de realizar aportaciones las personas beneficiarias en situación de dependencia menores de 65 años cuya capacidad económica no supere 2,5 veces el salario mínimo, y que se limite al 75 por ciento la aportación máxima, en el caso de los servicios con mayor carga de copago. En este sentido, el Cermi tiene recurrido ante la Audiencia Nacional el vigente acuerdo de copago para que la Justicia determine su adecuación o no a la legalidad.

En definitiva, son muchos los campos abiertos a evaluación y negociación. El Gobierno lleva meses elaborando estudios sobre cómo mejorar la aplicación de la ley  y, si bien admite que hay aspectos a corregir, voces autorizadas declaran que poner en marcha un sistema tan ambicioso como el de autonomía personal y dependencia requiere de mucho tiempo. Porque el ‘cuarto pilar del Estado del Bienestar’ no se levanta de la noche a la mañana.

Luis Cayo Pérez Bueno

Luis Cayo Pérez Bueno

Presidente del Cermi

“Creemos que es necesario reforzar el bloque de autonomía personal de la ley”

Dictámenes en seis meses

Las comunidades autónomas se han comprometido a valorar y, por tanto, a dictaminar en un plazo máximo de seis meses los servicios o prestaciones que deben recibir las personas dependientes, de manera que desde que la Administración registre la solicitud del ciudadano hasta que la resuelva no podrá pasar más de medio año.

Así lo explicó la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, tras presidir el Consejo Territorial para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que tuvo lugar el pasado 25 de enero, reunión en la que se acordó también que el plazo máximo de espera para valorar a los menores de tres años será de 30 días.

Según la ministra, esto es “un primer paso” para agilizar los trámites donde son todavía lentos, pero reconoce que no se ha determinado aún el tiempo máximo que deberá transcurrir desde que el beneficiario tenga en su mano el dictamen hasta que reciba los servicios o prestaciones reflejados en él.

Dentro de este mismo punto, Jiménez explicó que las comunidades autónomas que tengan establecido el proceso de valoración y de concesión de ayudas en dos pasos deberán acogerse igualmente al plazo máximo de seis meses para dictaminar las ayudas o prestaciones que habrá de recibir el beneficiario, pero que tendrán que dictaminar su grado y nivel de dependencia en tres meses.

Miguel Ángel Verdugo

Miguel Ángel Verdugo

Catedrático de Psicología de la Discapacidad

“Igual que se habla de un pacto de la educación, se debería haber logrado un pacto de lo social”

Adaptarse a la Convención de la ONU

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas en 2006 y ratificada por España en 2008, obliga a toda la legislación nacional, incluida la Ley de Dependencia, a adaptarse a lo que establece este tratado. Por ejemplo, la Convención obliga a respetar la libertad de opción de la persona con discapacidad a la hora de elegir las prestaciones y servicios destinados a promover su autonomía personal y su inclusión en la comunidad, según recuerda el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Las preferencias de la persona con discapacidad en situación de dependencia deben constituir, según el Cermi, el criterio preferencial en el momento de asignar los servicios y prestaciones disponibles en el catálogo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecido en la Ley 29/2006. Por ello, el dictamen técnico-administrativo que determina el Programa Individual de Atención (PIA) de los servicios y prestaciones de autonomía personal y dependencia debe acomodarse lo máximo posible a la voluntad libremente expresada de la persona beneficiaria o de sus representantes legales, en especial cuando el PIA puede implicar decisión sobre dónde debe residir la persona.

TRIBUNA

Jesús Caldera

El cuarto pilar toma forma y asienta la catedral del Bienestar

Jesús Caldera, ex ministro de Trabajo y vicepresidente de la Fundación Ideas.

En 1136, la Corona de Inglaterra aprueba, tras años de intriga palaciegas, la construcción de la catedral de Kingsbridge, la primera de estilo gótico en el país. Dificultades de todo tipo se suceden hasta que 62 años después de la catedral de Kingsbridge queda terminada, en su estilo francés, convirtiéndose pronto en la más famosa de Inglaterra por su belleza. Tom Builder fue el arquitecto que convirtió en pasión la sempiterna necesidad del hombre por sacar adelante aquello en lo que cree y combatir las injusticias sociales pese a los atropellos e incompresiones vividas.

Lo que quiero decir contando esta historia es que los grandes proyectos fundacionales, las grandes empresas que parten de la nada, los grandes emprendimientos, encuentran siempre dificultades de todo tipo, pero también son los proyectos por los que merece la pena trabajar. La historia de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia no es una novela histórica de Ken Follet, sino una iniciativa real -y posiblemente por su calado y grado paulatino de aplicación una de las más ambiciosas de la Democracia- que arranca en pleno siglo XXI, en diciembre de 2006, pero comparte con ella la característica de ser un proyecto histórico que abre un nuevo camino.

Tuve el honor siendo ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de llevar al Congreso de los Diputados la Ley de Dependencia, proyecto que fue aprobado por una inmensa mayoría. Como todo el mundo sabe, la ley tiene por objeto el reconocimiento por parte del Estado de una obligación conrespecto a aquellas personas que sufren pérdida total, severa o moderada de su autonomía física, intelectual o sensorial, y que por tanto necesitan apoyo continuo e indispensable para realizar las actividades básicas de su vida diaria.

Es una ley que da respuesta a una necesidad social, pero también es una ley que encarna unos valores muy determinados. El valor de la igualdad, de que el Estado debe ocuparse y preocuparse por aquellos que tienen más dificultades. El valor de la igualdad de la mujer, pues favorece que aquellas personas (en su gran mayoría mujeres) que estaban realizando el cuidado de las personas dependientes puedan tener una vida menos sacrificada. Y además es una ley que supone una política social activa, que crea empleo y riqueza económica, que está construyendo un nuevo sector con un buen número de empleos blancos más sostenibles y de mejor calidad.

El 1 de mayo de 2007 se abrió el plazo para solicitar la valoración de grado de dependencia y optar así, tras la baremación del nivel de dependencia, a las prestaciones asistenciales que recoge la normativa. Dos años y ocho meses después, según datos del Ministerio de Sanidad y Política Social de 1 de enero de 2010, son ya 841.803 personas, casos de gran dependencia y dependencia severa, quienes tienen reconocido su derecho a prestación. El desarrollo pleno de la Ley está previsto que se alcance en 2014, cuando se prevé que todos los dependientes, incluido los moderados de nivel 1, y sus familias, si fuera el caso, disfruten de cobertura.

Sin embargo, vemos que la construcción del cuarto pilar de nuestro Estado de Bienestar está siendo lenta, y no exenta de vicisitudes. La recesión económica ha aumentado el número de personas en situación de vulnerabilidad y, al tiempo, ha congelado el presupuesto que para servicios sociales, y en especial la Ley de Dependencia, reservan las instituciones.

No obstante, soy optimista. Advierto que el Gobierno de España y otras instituciones tienen la fuerza interior que, como en la novela de Follet, da saber que trabajas para defender los derechos de los más necesitados, de nuestros conciudadanos en situación de dependencia. Y los arbotantes sobre los que descansa la bóveda de la catedral del Bienestar ya se ven. Y protegen. Vaya si protegen.