Aborto: Las personas con discapacidad ante la reforma de la ley

En pleno debate social por la reforma de la Ley del Aborto, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad advierte que practicarlo por razón de discapacidad en el feto constituye un acto discriminatorio contrario a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El aborto es un tema que siempre provoca controversia en todas las sociedades en las que se plantea, debido a sus implicaciones éticas y morales. Eso es lo que está ocurriendo en España desde que el pasado 6 de marzo el Consejo de Ministros estudiara las propuestas elaboradas por el comité de expertos del Ministerio de Igualdad para la reforma de la actual Ley del Aborto. Concretamente, los expertos han planteado una ley que consentirá a las mujeres abortar libremente durante las primeras 14 semanas de gestación. Además, hasta la semana 22 se permitirá el aborto en dos supuestos: cuando exista grave peligro para la vida o salud de la madre y cuando se detecten anomalías en el feto, lo que se conoce como aborto eugenésico. Para aquellos casos de diagnósticos tardíos de malformaciones, los especialistas han recomendado al Gobierno que no establezca ningún límite.

Por este motivo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha pedido que toda la nueva legislación que se promueva en España y que afecte directa o indirectamente a las personas con discapacidad y a sus familias respete el espíritu de la Convención de la ONU sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, que España ya ha ratificado. “No se pueden promover disposiciones legales que vayan en contra de los principios, valores y mandatos del tratado internacional”, asegura el Cermi en un comunicado.

Nuevas leyes

El Comité Español de la Discapacidad pide a todas las autoridades públicas que antes de proponer nuevas normas o modificar las existentes, reparen en si se van a ver afectadas por el tratado, y que en todo caso se atengan escrupulosamente al mismo. En opinión del Cermi, “la ratificación por España de la Convención de la ONU no puede ser un hecho neutro, sin consecuencias, sino que debe tener su reflejo en todas las legislaciones, políticas y prácticas de los poderes públicos”.

Según Ana Peláez, comisionada de Género del Cermi y vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapa-cidad, “tras la entrada en vigor en el ordenamiento jurídico español de la Convención, no sería admisible una legislación en materia de interrupción del embarazo como la actualmente vigente, que despenaliza el aborto en el supuesto de discapacidad del feto, por constituir un trato desigual por motivos de discapacidad. Por tanto, si se mantiene la regulación actual de despenalización sólo en ciertos supuestos, habría que suprimir el del aborto eugenésico para de esa forma respetar la Convención”.

Contacto con el Gobierno

Con estos argumentos sobre la mesa, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, mantuvo el pasado 24 de marzo una reunión con los responsables del Cermi, en la que éstos le explicaron su posición. Tras la reunión, la ministra afirmó que la nueva ley no será discriminatoria hacia las personas con discapacidad. Según aseguró Bibiana Aído, “se suprimirán las referencias discriminatorias que tiene la ley actual que se recogen en el Código Penal, donde se hace referencia a las graves taras físicas o psíquicas del feto. Coincidimos en que son términos inaceptables y por eso vamos a suprimirlos en la propuesta de ley”.

Además, la ministra se comprometió a que la nueva norma permita abortar a partir de la semana 22 sólo en el caso de que sea inviable la vida del feto. “Se podrá interrumpir el embarazo cuando los problemas sean de tal magnitud que sea segura la no supervivencia del feto y así conste en un dictamen emitido por un especialista diferente al que practique la intervención. Existe la obligación de proteger al feto desde el momento en que bajo el punto de vista científico es viable, con independencia de la mujer. Desde la viabilidad fetal no cabe la interrupción del embarazo, haya o no haya anomalía”, declaró la ministra.

Tras estas declaraciones de Aído, el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, manifestó que “estamos esperanzados con el trabajo futuro”, y aseguró que el Gobierno se ha comprometido a tener en cuenta a su organización en la redacción del anteproyecto de ley. Para él hay una cuestión clara: “La mención a la discapacidad como justificación de un trato desigual debe desaparecer de la nueva legislación”, asegura tajante.

Por su parte, Ana Peláez, quien también estuvo presente en la reunión con Igualdad, aclara que “el Cermi no se posiciona ni a favor ni en contra del aborto, ya que interrumpir el embarazo es una decisión particular de cada mujer. Lo que sí defiende es que la nueva ley no sea discriminatoria por razón de discapacidad”.

Ronda de reuniones

Como hiciera con el Cermi, la ministra de Igualdad inició a finales de marzo una ronda de contactos con diversas organizaciones de la sociedad civil, para conocer su postura. Algunas de estas organizaciones, como Provida, se han manifestado abiertamente en contra del anteproyecto de ley que prepara Igualdad. Uno de los aspectos que ha levantado mayor controversia recogido en el informe del comité de expertos es que las adolescentes de 16 años puedan abortar sin el permiso de los padres. Bibiana Aído justifica esta medida ya que, en su opinión, “es una contradicción que a una menor de esa edad se le suponga madurez suficiente para casarse o tener relaciones sexuales, pero no para abortar”.

La ministra también defiende, en consonancia con su comité de expertos, que a las mujeres que aborten no se les sancione a través del Derecho Penal. “Ninguna mujer que se someta a un aborto podrá ser penada con cárcel”, subraya Aído, para quien, “no se trata de hacer una ley más permisiva, sino más segura”.

Hasta que esté listo el anteproyecto de ley, previsiblemente antes del verano, el debate seguirá caldeado en la sociedad.

España fue uno de los primeros países en ratificar la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que la legislación debe adaptarse al espíritu de este tratado. Así, en su artículo 5 la Convención establece que “los países deben reconocer que todas las personas son iguales ante la ley y prohibir la discriminación basada en las discapacidades”. Y, en su artículo 10, que “deben garantizar que las personas con discapacidad disfruten del derecho inherente a la vida en igualdad con otras personas”. Para las personas con discapacidad, estos artículos son por sí mismos argumentos suficientes para rechazar el aborto eugenésico.

Ana Peláez

Vicepresidenta del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

“El aborto eugenésico es discriminatorio”

Es la vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el año próximo será la presidenta. Desde este órgano, Ana Peláez velará para que los estados cumplan la Convención de la ONU y garanticen la igualdad de todos los ciudadanos. En los últimos días, no ha parado de advertir que el aborto eugenésico es contrario al espíritu de este tratado supranacional.

Chema Doménech

Ana Peláez ha sido elegida “presidenta rotante” del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, durante este año ocupa la vicepresidencia de ese órgano y en 2010 será la presidenta. Se trata de un puesto de máxima representación, desde el que tendrá la posibilidad de promover la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. Ella asume esta responsabilidad con “orgullo” y dice sentirse “muy agradecida” a la ONCE y al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). En estas instituciones, Peláez ostenta los cargos de directora de Relaciones Internacionales y Comisionada de Género, respectivamente.

La ministra de Igualdad se ha reunido recientemente con el Cermi y ha asegurado que la futura Ley del Aborto no será discriminatoria hacia las personas con discapacidad. ¿Cuál es su impresión?

Nosotros lo que pedimos al Ministerio de Igualdad es que, si vamos a una ley de plazos, como parece, el supuesto de la discapacidad se elimine y que sólo se mantenga como supuesto extraordinario el que corra peligro la vida de la madre. El aborto eugenésico, es decir, el practicado para evitar el nacimiento de una persona con discapacidad, es discriminatorio, pues parte de la presunción de que la vida de una persona con discapacidad es inferior en valor a la de una persona sin discapacidad, y además es contrario a la Convención de la ONU. El artículo 10 de este tratado, que hace referencia al derecho a la vida, debería ser un argumento suficiente para que, ante una ley de plazos, se instauren unos plazos comunes para todas las situaciones, y la discapacidad deje de ser una causa de aborto. Las leyes eugenésicas van en contra de la Convención, y nuestro deber es defender esta posición.

¿Y cómo piensan defenderla?

El Cermi está trabajando intensamente para hacer comprender este derecho a la vida de las personas con discapacidad. Está haciendo una revisión de todas las legislaciones que tienen leyes semejantes en otros países y está acudiendo a instituciones supranacionales en materia de derechos humanos para conocer su punto de vista.

Sin embargo, el aborto eugenésico está contemplado en la legislación de muchos países.

Sí, pero no por eso deja de ser discriminatorio. Lo que tengo claro es que con una legislación así yo quizás no hubiera nacido y, como yo, otras muchas personas. Y, ¿dónde queda el valor que aportan esas personas a la sociedad?

También es importante destacar que en algunos países en los que la legislación contempla el aborto por motivo de malformación del feto, se establece un periodo de tiempo en el que los padres tienen derecho a recibir todo tipo de asesoramiento. No sólo el asesoramiento médico, muchas veces tremendista, sino también el conocimiento sobre las organizaciones de personas con discapacidad, las experiencias de padres que hayan tenido hijos con esa discapacidad concreta… Es decir, se busca que la decisión de abortar o no sea una decisión basada en la información, que la persona que decida que quiere abortar porque va a tener un niño con síndrome de Down, por ejemplo, sepa las posibilidades de desarrollo que tiene una persona con esa discapacidad, qué aporta a una familia, qué valor tiene en la sociedad... Cualquier persona que recibe la noticia de que el hijo que espera tiene algún problema sufre un shock, y en ese momento no se le puede plantear, ‘venga, ¿abortas o no abortas?’. Eso no es así.

Usted es la vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en 2010 será la presidenta. ¿Cuál es exactamente la misión de este organismo?

Sus funciones se especifican a partir del artículo 34 de la Convención de la ONU y, entre ellas, yo destacaría la de velar por el seguimiento y aplicación de este tratado en todos los Estados parte. La segunda función importante es hacer recomendaciones y aclaraciones sobre aspectos de la Convención que están sujetos a una interpretación diferente por las distintas culturas o idiosincrasia de los países. Una tercera función es atender las comunicaciones particulares. Cuando una persona o un grupo de personas siente que se han vulnerado sus derechos por motivo de discapacidad, los estados deben tener un mecanismo que vele por el cumplimiento de la Convención en el plano nacional. Pero si la respuesta de ese organismo no es satisfactoria, existe la posibilidad de recurrir a un órgano supranacional, que en este caso es el Comité, que deberá posicionarse y emitir un veredicto.

¿La sociedad civil podrá de alguna manera hacer llegar informes al Comité sobre la aplicación de la Convención?

Las organizaciones de la sociedad civil pueden presentar lo que se llama ‘informes en la sombra’. Por ejemplo, cuando le toque a España el turno de presentar sus informes sobre la Convención, el Cermi podrá también si lo desea presentar su informe en la sombra, que sería complementario al que presenta el Gobierno.

¿Usted podrá valorar el cumplimiento de la Convención en España?

En las reglas de procedimiento de los Comités se establece que los expertos no debemos formar parte en la evaluación o en un informe que provenga de nuestro país de origen. Por eso, yo no puedo intervenir en los informes o en las quejas sobre la aplicación de la Convención que afecten a España.

¿La Convención de la ONU va a suponer un antes y un después en la igualdad de derechos de las personas con discapacidad?

Yo creo que es un cambio radical de paradigma, que a partir de ahora se basará en los derechos humanos. Pienso que eso es muy significativo a la hora de abordar la situación de las personas con discapacidad. Actualmente estoy revisando documentación de la ONU sobre estos temas y sigo encontrando frecuentemente la palabra ‘impedido’. Una palabra es sólo tinta, pero siempre hay algo detrás de ella. Tras la palabra ‘impedido’ hay por ejemplo un modelo médico retrógrado. Esa palabra sigue encontrándose en documentos que están en vigor en Naciones Unidas. Por eso la Convención va a suponer un revulsivo. En cualquier caso, sí hay que decir que el movimiento de las personas con discapacidad siempre ha ido y va muy por delante de las acciones de los gobiernos.

¿La crisis económica puede ‘cebarse’ con las personas con discapacidad?

Me encantaría decir que no, pero debo decir que sí. Somos un grupo profundamente vulnerable y, simplemente si hacemos referencia al empleo, estamos en una situación de máxima precariedad. Hay que hacer una apuesta muy firme a favor de la discapacidad para que la crisis no nos afecte de forma brutal.