“La política de cooperación española es  progresista”

Mario García / Virginia Bendito 

Fotos: Jorge Villa

Para Soraya Rodríguez, secretaria de Estado de Cooperación Internacional desde el pasado mes de julio, crisis alimentaria, 0,7 por ciento del PIB, ONG, hambre o pobreza son conceptos que tiene muy interiorizados.  Según dice, uno de sus objetivos es que la agenda de los países desarrollados no se ciña exclusivamente a la crisis económica.

Lleva usted algunos meses como secretaria de Estado de Cooperación Internacional ¿Cuál es su balance?

Positivo en el sentido de que han sido seis meses con una actividad muy importante de la política de cooperación en el ámbito internacional. Nada más llegar a la toma de posesión tuvimos la conferencia de Accra (Ghana), donde acordamos una agenda para trabajar en la calidad de la ayuda; luego la revisión intermedia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la reunión de Naciones Unidas, donde España tuvo un papel muy importante, y acabamos de venir de Doha (Qatar). Desde el punto de vista interno, había también un gran reto: el Plan Director de Cooperación 2009-2012.

En 2009 se estrena este nuevo Plan Director de Cooperación Internacional. ¿Qué novedades va a aportar con respecto al anterior?

En primer lugar, no hay un gran cambio. Lo que hacemos es consolidar una política de cooperación diferente que tomó un gran impulso en la pasada legislatura. Es un plan que intenta aplicar los principios internacionales de los que España forma parte, es decir, que nuestra ayuda sea más eficaz y tenga mayor calidad final en sus resultados. Además, es muy ambicioso en relación a África, porque sabemos que si queremos conseguir los objetivos de erradicación de la pobreza, tenemos que actúar en ese continente, que es donde se encuentran las mayores bolsas de pobreza y de miseria del mundo.

¿Incluye el nuevo Plan Director algún apartado específico para las personas pobres y con discapacidad? ¿En qué consisten? ¿Por qué no se habla de ellas?

La discapacidad es una condición añadida a otros elementos de clara vulnerabilidad, como la pobreza y, por tanto, la falta de acceso a servicios básicos. Naciones Unidas introdujo dentro de sus mayores preocupaciones el ámbito y la atención de la discapacidad, estableciendo el principio de igualdad. El Plan Director, que bebe de las declaraciones internacionales de las que España es parte firmante, lo tiene en cuenta. No hay un apartado sectorial específico, pero sí está presente en el acceso a servicios básicos en personas pobres o con necesidades especiales.

El ministro de Economía, Pedro Solbes, y distintas instituciones de la UE han asegurado que 2009 será un año muy malo económicamente. ¿Afectará esto para alcanzar el el 0,7 por ciento del PIB para ayuda al desarrollo al final de esta legislatura?

Indudablemente, en un contexto de crisis económica encontramos mayores dificultades para cumplirlo, pero la ayuda oficial al desarrollo y el 0,7 por ciento no dependen únicamente de las condiciones económicas, sino de la convicción moral y política de la obligación que tenemos en la esfera internacional con el desarrollo de todos los países.

¿Hay verdadera voluntad para acabar con la brecha que separa al norte del sur?

Si hubiera verdadera voluntad política, posiblemente estaríamos en condiciones de acabar al menos con una brecha importante que separa a aquellas personas que viven en unas condiciones dignas de aquellas que mueren de hambre todos los días. Lo cierto es que tenemos dificultades para poder conseguir en 2015 la agenda mínima de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero hay voluntad política de no rendirnos. Yo siempre digo que en política de cooperación sólo fracasaremos el día que hayamos dejado de intentarlo.

¿Debería ser un delito de lesa humanidad dejar morir de hambre a más de 900 millones de personas?

Es una gran inmoralidad y un problema de injusticia y de indignidad que nos afecta a todos los seres que habitamos el planeta porque hay casi 1.000 millones de personas que mueren de hambre y más de 2.000 millones de personas cuya causa inmediata de la muerte no es el hambre, pero sí la desnutrición severa, que les causa graves enfermedades que, finalmente, acaban con su vida. De lo que hoy todos somos absolutamente conscientes es que en el siglo XXI tenemos los suficientes recursos para que ningún ser humano muera de hambre y por desnutrición. Hoy podemos evitarlo, sabemos que todas las muertes por hambre son evitables, con lo cual nuestra responsabilidad moral y política es también mayor que la de las generaciones pasadas.

Cuando se constituyó la Comisión Delegada del Gobierno para la Cooperación al Desarrollo, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que el Ejecutivo reformará en esta legislatura la Ley de Cooperación al Desarrollo y el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). ¿En qué línea irán esas reformas y cuál es el objetivo?

Iniciaremos la reforma de la Ley de Cooperación cuando haya finalizado la aprobación y la tramitación legislativa de la reforma del FAD, anhelada por el Gobierno socialista. Cuando nació dicho fondo, en 1978, España era un país que recibía cooperación y el objetivo fundamental era el de ayudar a las empresas españolas a poder desarrollarse en el exterior. Esto ha ido evolucionando a lo largo de estos años y se ha introducido dentro de sus instrumentos la política de cooperación al desarrollo. España hoy se ha convertido en uno de los principales países donantes de la comunidad internacional. Ahora mismo, el FAD incluye un fondo de cooperación al desarrollo y un fondo de comercio, y ha llegado el momento de separarlos.

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo afirma que el reto es pasar de una política de ayuda a una política de desarrollo. ¿Qué pasos se están dando en este sentido?

Tenemos que aspirar a liderar la política de desarrollo. ¿Qué se puede hacer para dar ese paso de una política de cooperación a una política de desarrollo? Conseguir la coherencia de la política, que lo que hagamos sea una política de cooperación, no hagamos lo contrario con una política de inversión, de reforma de las relaciones comerciales o no tengamos en cuenta todos estos principios a la hora de hacer una reforma del sistema financiero internacional. Coherencia.

Latinoamérica ha ocupado un lugar importante en la agenda de la cooperación española, no así África, que ahora empieza a hacerse un hueco en las prioridades de España. ¿Por qué se ha tenido abandonada a esta tierra hasta ahora?

África está aquí, somos vecinos, estamos muy cerca y, sin embargo, hemos estado muy lejos. Estamos absolutamente convencidos de que no es posible lograr el reto de la lucha contra la miseria y contra la pobreza extrema si no actuamos en África. Ahí están los países atrapados por las trampas de la pobreza, de la miseria, del hambre; de los 30 países más pobres, 28 están en África y ése es un reto de la comunidad internacional y es un reto de España.

La verdad es que la política de cooperación al desarrollo en España es una política joven en el tiempo. América Latina era nuestro lugar natural porque España está vinculada política, social y culturalmente a ella. Ahora somos un país con una política de cooperación muy fuerte y nuestra Ayuda Oficial al Desarrollo está igual que Alemania y un punto por encima de Reino Unido. Desde luego, tenemos que responder a la responsabilidad que ahora nos toca, que es estar también en África.

En 2008 se ha conmemorado el 60 Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Cuál es la aportación de la Cooperación de la Aecid a los derechos humanos?

Nuestra política de cooperación está inspirada en el reconocimiento de los derechos humanos. Sin ellos no hay desarrollo y, por lo tanto, intentamos lograr avances concretos en nuestro trabajo diario, en la cooperación, mejorando la vida de la gente, pudiendo trabajar con los Gobiernos para que se fortalezcan los sistemas democráticos y, por lo tanto, el reconocimiento de los derechos humanos de los hombres y de las mujeres de nuestros países socios. No olvidemos que los derechos humanos comprenden también los derechos sociales, los derechos económicos y los derechos políticos.