Por Chema Doménech

Ana Peláez

Directora de Relaciones Internacionales de la ONCE

“El mayor reto  es implicar a toda la sociedad”

La directora de Relaciones Internacionales de la ONCE y Comisionada de Género del Cermi ha sido elegida como una de los 12 expertos que conformarán la Comisión de Seguimiento de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este órgano será el encargado de vigilar el cumplimiento de dicho Tratado por parte de los Estados que ya lo han ratificado, España entre ellos.

¿Cuáles son los mayores retos de futuro para la implementación de la Convención de la ONU?

Según mi punto de vista, el mayor reto es implicar a toda la sociedad en el cambio de modelo de tratamiento de la discapacidad. Si conseguimos que todas las personas, no sólo las personas con discapacidad, los agentes sociales y económicos, los gobiernos, la sociedad en general se reconozcan en el tratado, significará que cada uno ha asumido su responsabilidad y en ese momento el modelo social será una realidad. Es importantísimo hacer ver que esta no es sólo la Convención para las personas con discapacidad, del mismo modo que también es muy importante que seamos las personas con discapacidad quienes lideremos el cambio, participando activa y constructivamente en su implementación. Por otra parte, la Convención toca una serie de derechos y aspectos que afectan a todos los ámbitos de la vida de las personas con discapacidad. Desde luego, cada uno de ellos es importante y todos requieren atención y esfuerzo que se graduará en función del nivel de desarrollo del país donde se implmente. En aquellos países donde el nivel de desarrollo socioeconómico sea menor, el gran reto puede ser incorporar la discapacidad en la agenda política. El artículo 12 de la Convención plantea algunas cuestiones que deben abordarse, con una particular atención para respetar el espíritu del tratado en su implementación. La accesibilidad como principio rector es un elemento clave que condiciona la efectividad de muchos de los derechos del tratado.

¿En qué medida va a cambiar la situación de las personas con discapacidad tras la entrada en vigor de este tratado?

Con su puesta en marcha se deberían producir cambios en muchas cuestiones, pero creo que la más importante, sin duda, debe ser el cómo se habrán de abordar los derechos de las personas con discapacidad. Hasta ahora, éstos han sido asuntos que se han dirimido, casi siempre, en departamentos de servicios sociales, con presupuestos que han variado en función de la voluntad política del momento, en los que se ha venido hablando de ‘prestaciones’ y no de ‘derechos’. El cambio importante deberá ser el de incorporar en todas las políticas públicas de forma transversal las cuestiones que afecten a las personas con discapacidad, eliminando las barreras y obstáculos que originan la discapacidad en todos los aspectos de la vida. Y todo esto no deberá estar sujeto a cuestiones presupuestarias. Otro de los aspectos que cambiará será el de la participación de las personas con discapacidad en la determinación de nuestra propia vida, que no es más que el resultante de ejercer plenamente nuestros derechos.

En las negociaciones de la Convención, las ONG participaron  de manera muy importante en el proceso. ¿Cómo ve la interacción entre la sociedad civil y el comité?

Esta interacción es indispensable para garantizar el éxito de la Convención, que es el propósito del comité, y por eso está reconocido así en el texto del tratado. En relación a la colaboración del comité con la sociedad civil, creo que no solamente debiera existir, sino que sería conveniente que se formalizara a través de los protocolos de actuación o de régimen de funcionamiento que deberá aprobar el propio comité. Pero hay algo más: factores de multidiscriminación –como el género, la infancia, la raza, etc.– requerirán además la colaboración con otros órganos de Naciones Unidas y de la sociedad civil, que actúan como expertos en estos ámbitos de los derechos humanos y que también se tendrán que desarrollar en el trabajo del comité.

¿Qué motivos le han llevado a formar parte del comité de expertos de la Convención?

Considero que este comité es un órgano estratégico para la supervisión del cumplimiento de las obligaciones que establece la Convención con impacto directo en todos los países. En este sentido, es imprescindible que las personas con discapacidad estemos representadas, haciendo valer el principio de ‘nada sobre nosotros, sin nosotros. Por mi experiencia vital de la discapacidad, formación académica y trayectoria profesional, creo que puedo aportar mi experiencia en el tema de la discapacidad, así como en el mundo de la cooperación internacional y el desarrollo humano.

¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrentará como miembro de este comité?

Seguramente, la verdadera defensa de los derechos, igualdad de oportunidades y no discriminación de los grupos más vulnerables de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, como por ejemplo los niños y niñas, las mujeres, personas residentes en entornos cerrados y segregados, personas severamente afectadas por su condición de discapacidad, personas con discapacidad que viven en el medio rural, etc.

¿En qué áreas de la Convención tiene mayor nivel de conocimientos?

Los temas más afines con mi formación y experiencia profesional podrían ser la educación, el empleo, la accesibilidad, la participación política y la cooperación internacional al desarrollo, además de la infancia y el género, con todos los artículos que les afectan de forma transversal. Mis conocimientos más profundos se centran en el campo de las ciencias sociales. En este sentido, tengo especial experiencia investigadora en el tema de la calidad de vida y la discapacidad, objeto éste de mi tesis doctoral.

Dada su experiencia vital directa como persona con discapacidad, ¿qué aspectos de esta experiencia serán más relevantes de cara a su trabajo en el comité de expertos?

Soy una mujer ciega de nacimiento. Cursé mis primeros estudios en un colegio específico de la ONCE para continuarlos a partir de la educación secundaria en la enseñanza integrada, con la experiencia de estudiar también fuera de mi país en el Liceo Saint Ubert de Bruselas. Soy madre de una niña de dos años, siendo la experiencia de la maternidad una de las mejores de mi vida. En mi vida personal, mi marido y yo mantenemos un compromiso social importante mediante el acogimiento familiar de personas con discapacidad. A través de mi experiencia profesional he tenido la oportunidad de visitar 76 países, siempre trabajando por el desarrollo y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Además, he actuado como cooperante voluntaria en proyectos de discapacidad y desarrollo en Guanajuato (México) y en Cork (Irlanda).

Su candidatura ha sido promovida en representación de España. ¿Cuál es su relación con el Gobierno?

Todo mi trabajo he tratado de llevarlo a cabo de manera independiente y siguiendo un activismo constructivo y participativo. Y siempre como parte integrante de la sociedad civil. Como experta, he sido elegida por el movimiento asociativo de la discapacidad para representarle en los ámbitos de mi competencia en diferentes comparecencias ante el Congreso de los Diputados, el Senado y el Parlamento Europeo. También en distintos órganos gubernamentales, como el Consejo del Real Patronato de la Discapacidad, el Observatorio de Salud de la Mujer del Ministerio de Sanidad y Consumo, el Observatorio Estatal contra la Violencia de Género, y el Consejo Rector del Instituto de la Mujer, organismos todos ellos oficiales de España. Igualmente, he sido elegida por el movimiento asociativo de la discapacidad de nuestro país, el Cermi, para participar en la fase final de los trabajos preparatorios de la Convención de la ONU, representando a la sociedad civil como delegada del Gobierno de España.

Trabajadora incansable

Ana Peláez tiene una amplia trayectoria de trabajo en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Actualmente es directora de Relaciones Internacionales de la ONCE y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación ONCE para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina (FOAL). Además, es comisionada para los Asuntos de la Mujer en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y sus Familias (Cermi). En Europa, es integrante del Comité Ejecutivo y de  la Junta Directiva del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), presidiendo además su Comité de Mujeres. Al mismo tiempo, forma parte activa de la Unión Europea de Ciegos (EBU), siendo la vicepresidenta de su Comisión de Enlace con la Unión Europea y responsable de los temas de infancia en esta organización. Es miembro del Consejo Internacional para la Educación de las Personas Ciegas y Deficientes Visuales (Icevi) en donde trabaja en la campaña mundial “Educación para Todos”, luchando por la inclusión educativa de las niñas y niños ciegos y deficientes visuales en países en desarrollo. Igualmente, forma también parte del Comité de la Infancia de la Unión Mundial de Ciegos, organización a la que ha representado en la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la Infancia (2002), así como en el Comité de ONG de Unicef.