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Cuentan los abuelos que la treintena es la mejor etapa de la vida. Combina por igual juventud y madurez. Si a los 18 años se alcanza la mayoría de edad, con 30 suelen llegar los mejores momentos personales y profesionales. Son miles de españoles los que este año han celebrado esta onomástica. Entre ellos destacan personalidades como los futbolistas Carles Puyol y Joan Capdevila, la actriz Pilar López de Ayala, el medallista olímpico Pol Amat, el torero Miguel Abellán y las cantantes Mai Meneses, Rebeca y Diana Navarro. Todos ellos nacieron en 1978, el mismo año que se aprobó en referéndum la Constitución.

Antes de alcanzar la treintena, sostiene el proverbio, todo el mundo debería plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. A sus 30 años, la Constitución es un gran árbol que comenzó a echar raíces un 6 de diciembre. De por sí, es un libro que contiene en 169 artículos y 15 disposiciones los derechos y deberes de los ciudadanos. Y no tiene uno, sino millones de hijos, tantos como los nacidos al cobijo de la sombra de la democracia. A lo largo de tres décadas, el tronco que constituía la Carta Magna ha crecido en contorno y altura. También han brotado nuevas ramas en forma de leyes y derechos que han mejorado la vida de los ciudadanos.

El mayor avance se ha registrado en el ámbito social. Lo sabe bien el ex ministro Manuel Jiménez de Parga, el primer responsable de la cartera de Trabajo que tuvo la democracia. Durante su etapa como diputado por Barcelona se redactó y ratificó la Constitución. Su tarea no fue fácil. “Tuvimos que desmontar el aparato del franquismo para abrir las puertas a la democracia”, explica durante una distendida entrevista con PERFILES en su bufete de abogados. Cuando echa la vista atrás, Jiménez de Parga recuerda la difícil tarea que le encargó Adolfo Suárez. “Se trataba de desmantelar los sindicatos verticales, que eran un estado dentro del Estado” y “tuvimos que ‘limpiar’ el Ministerio para acoger a los sindicatos democráticos”.

Asociacionismo

La Constitución de 1978 recogió en su articulado un derecho que parecía impensable hasta entonces: el asociacionismo. Aquello dio “cobertura” a la aparición de las formaciones políticas, al desarrollo de los sindicatos y a la afloración de representantes de colectivos sectoriales. Hoy en día, hay más de 32.000 asociaciones registradas en España: de jóvenes y de mayores, de mujeres y de hombres, de consumidores y de empresarios, de víctimas del terrorismo, de policías y guardias civiles, de personas sordas y con discapacidad visual, de jueces, de periodistas, de padres de alumnos, etc.

n 30 años de democracia se han alcanzado grandísimas conquistas sociales. La participación de los distintos gobiernos ha resultado imprescindible pero, en el fondo, nada hubiera sido igual sin la reivindicación y la presión de cada colectivo. Así lo reconoce Jiménez de Parga. Después de dirigir el Ministerio de Trabajo al inicio de la democracia y de presidir estos últimos años el Tribunal Constitucional, asegura que muchos de los avances sociales de estas tres décadas son “fruto del marco jurídico” que compusieron los padres de la Carta Magna. Al amparo de aquel texto, dejó de ser delito asociarse y opinar libremente. “¡Qué mejor avance!”, exclama este ex ministro al que le resultaba “extraño” tener como compañeros de gabinete a quienes, sólo unos meses antes, le multaban por publicar artículos críticos con el franquismo.

En apenas 30 años, la sociedad española ha pasado de un extremo a otro. El sistema democrático y la libertad de expresión llegan incluso a permitir que un partido político como Esquerra Republicana demande en las Cortes Generales la independencia de Cataluña y que un grupo de jóvenes sea absuelto pese a quemar en público fotografías de los Reyes de España.

Con el divorcio y el aborto, dos de las primeras conquistas sociales, ha ocurrido algo parecido, según Jiménez de Parga. De verse como un “escándalo” ha pasado a estar de lo más extendido. “En la clase de uno de mis nietos, la mitad de los niños tienen a sus padres separados”, recalca apesadumbrado porque las parejas actuales se toman el matrimonio “con una ligereza enorme”. Los siete hijos y los 21 nietos de Manuel Jiménez de Parga son un ejemplo de la prosperidad que ha registrado España en 30 años. Chicos y chicas, han crecido fuertes y sanos gracias a un sistema sanitario que “ha avanzado mucho” durante la democracia y una educación que llega a todos los estamentos de la sociedad, pero que “ha caído en respeto al profesor y en nivel de exigencia”. Esta es una de las facetas a mejorar.

El apoyo de Olof Palme

Antes de que Jiménez de Parga introdujera a los sindicatos democráticos como una pieza más del engranaje del Estado, Matilde Fernández estaba preparada en la línea de salida para emprender la carrera constitucional. En plena dictadura, empezó a carburar su trayectoria política en las filas clandestinas de la “familia socialista” dentro de UGT. Desde su despacho en la Asamblea de Madrid, recuerda con nitidez la conversación que, en plena dictadura, ella y otros compañeros españoles mantuvieron durante una visita a Suecia con el histórico líder del Partido Social Demócrata y presidente de este país desde 1969, Olof Palme, cuyo asesinato a tiros en una calle de Estocolmo en 1987 sigue siendo un misterio sin resolver.

Fernández aprendió que la democracia “no significaba pasar de lo oscuro a lo claro en un momento, sino que es un largo camino que se va construyendo”. Palme les contó entonces que su objetivo de Gobierno era “profundizar en la democracia para mantener un Estado de bienestar por el que eran envidiados en toda Europa”, algo que sorprendió a los jóvenes socialistas españoles que le escuchaban. “No os creáis, compañeros, que el día que se publique vuestra Carta Magna habréis conseguido la democracia, porque ese día no la tendréis todavía, sino que empezaréis a construirla con el coraje y la voluntad colectiva del pueblo español”, advirtió el presidente sueco a un público aún imberbe en democracia.

Matilde Fernández pronto dejó de ser una oyente para convertirse en protagonista de la construcción del Estado social español. Ella recibió de manos de Felipe González la primera cartera ministerial de Asuntos Sociales y aún le acude a la memoria las horas que pasó sentada frente a González y a Alfonso Guerra, hasta que lograron convencerla de que aceptara el cargo.

Asuntos Sociales

Fernández aceptó el reto de poner en marcha el Ministerio de Asuntos Sociales en julio de 1988, al final de la tercera legislatura democrática, la segunda en la que el PSOE había ganado las elecciones. Hubiera sido mejor crearlo antes pero no se podía “porque en el 82 había que hacer otras cosas: universalizar la educación y la sanidad, además de hacer frente a la gran crisis económica e industrial del país”. En los primeros pasos de la democracia, “no había recursos para servicios sociales” y las políticas más cercanas a los ciudadanos mantenían “un tono bajo” dentro del Ministerio de Trabajo.

“Cuando esos objetivos ya estaban cumplidos”, entonces fue el momento de “empezar a construir el cuarto pilar del Estado del bienestar, que no es la Ley de la Dependencia como se dice ahora, sino el conjunto de los servicios sociales”. La primera ministra de Asuntos Sociales se puso manos a la obra para cimentar ese “cuarto pilar” y comenzó a crear secretarías dentro de su departamento “para atender a todos los colectivos: infancia, mayores, discapacitados, juventud, mujeres o comunidad gitana”.

Este Ministerio, heterogéneo y versátil, promocionó una de las primeras campañas que se hicieron en España “de respeto a la diferencia” y que permitió a las asociaciones de homosexuales colocar sus “reivindicaciones sobre la mesa”. También elaboró los primeros “planes de igualdad”, promocionó la construcción de “pisos en alquiler baratos para jóvenes universitarios” y vio nacer “las casas de acogida para las mujeres maltratadas”. Esta mujer, recordada entre otras cosas por la polémica campaña del “Póntelo, pónselo” a favor del uso del preservativo, gestó durante cinco años muchas de las iniciativas ahora convertidas en leyes, como la Ley de Igualdad. Matilde Fernández es una feminista confesa que decidió que el giro hacia la erradicación de la discriminación de la mujer debía comenzar por su propia casa política, el PSOE.

Admite que, para lograr que el Congreso del PSOE celebrado en 1988 aprobara que en todas las candidaturas del partido hubiese un 25 por ciento de mujeres, fue necesario “sacar el debate a la calle”, pues no se podía ganar dentro del partido porque “los hombres de izquierdas también son machistas”. Recuerda que muchos de sus compañeros rechazaron la propuesta “por temor a que se descolocasen las estructuras de poder” dentro del PSOE y se produjese un “cambio de liderazgos”.

Igualdad

Si Matilde Fernández plantó la semilla de la igualdad, con la victoria electoral del Partido Popular en 1996 comenzó a germinar. Así lo mantiene el ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Trabajo Javier Arenas. Suyo fue el primer plan de lucha contra los malos tratos, la puesta en marcha de un teléfono contra la violencia de género conectado con la policía, un plan para la equiparación entre hombres y mujeres, la adopción de medidas a favor de la conciliación, las ayudas tras partos múltiples y el pago estatal a las mujeres de baja por maternidad de su sueldo íntegro. Pese a ello, Arenas considera que aún existe “una asignatura pendiente” para conseguir la plena igualdad entre ambos sexos y reclama un “cambio de mentalidad” en la sociedad para lograr que hombres y mujeres compartan las tareas del hogar y concilien fácilmente sus responsabilidades laborales y familiares.

Arenas contó al frente del Ministerio con la ayuda de Amalia Gómez como secretaria de Estado de Asuntos Sociales, a la que atribuye buena parte del mérito. En tres años dieron un impulso al bienestar de los ciudadanos pero antes tuvieron que salir de los números rojos. Nada más tomar posesión descubrieron que “no había dinero para abonar a los pensionistas la paga de navidad”. Para el ex ministro fue todo un shock, tal y como relata en muchos de sus mítines. Su primer objetivo fue sanear las cuentas para garantizar el futuro de las pensiones y asegurar su revaluación automática cada año. El método a seguir: reducir el paro. Arenas siempre subraya que “la mejor política social es crear empleo” porque es la vía más rápida de incrementar el nivel y la calidad de vida de las personas. Los datos oficiales de la Encuesta de Población Activa indican que en ocho años de mandato popular se bajó el desempleo en casi cinco millones de puestos de trabajo y se incrementó el número de afiliados a la Seguridad Social en 3,5 millones de personas. Arenas está especialmente orgulloso de haber aumentado el número de mujeres trabajadoras en casi un millón desde 1996 hasta 1999 y de haber sentado las bases para que en el lustro siguiente creciera en tres millones más con Manuel Pimentel, Juan Carlos Aparicio y Eduardo Zaplana como ministros.

Una de las políticas sociales de aquella época que más se recuerda es la paga de 100 euros para las madres trabajadoras con hijos menores de tres años. Se trata de una pequeña ayuda destinada a paliar los cuantiosos gastos que una familia asume al tener un bebé: guardería, pañales, alimentación, ropa, silla de viaje, etc. Se trata de una rebaja fiscal, por lo que la esposa de Arenas también pudo disfrutarla cuando nació el tercer hijo de la pareja, al que llaman cariñosamente Carlitos.

En 30 años de democracia, Arenas reconoce un profundo avance en políticas sociales y, por consiguiente, en la calidad de vida de los españoles. Sanidad y educación son los máximos exponentes. La primera ha ampliado notablemente la esperanza de vida. La segunda se ha generalizado “pues ya no es cosa de ricos”. Además, en el franquismo los niños “de pueblo” como Arenas tenían que marcharse a un internado para poder estudiar, mientras que hoy en día hay escuela en casi todos los municipios y existen universidades en muchas capitales de provincia. La razón es sencilla: “Los pueblos de entonces ya son pequeñas ciudades”.

Becas educativas

El ex ministro del PSOE Jesús Caldera también concede máxima trascendencia a la evolución del sistema educativo. No se olvida de que él fue universitario gracias a las becas que le concedieron “en los estertores del franquismo y el comienzo de la democracia”. Este salmantino se hizo cargo en 2004 del departamento de Trabajo y Asuntos Sociales con muchos retos por delante.

Caldera se siente “especialmente orgulloso” de la aprobación de la Ley de Dependencia, aprobada en octubre de 2006, pues se trata de una medida “de las que sólo se aprueba en una generación” y con la que a partir de un amplio consenso social y político con la oposición se ha conseguido levantar el “nuevo cuarto pilar” sobre el que se asienta el estado del bienestar.

Confiesa que cuando se metió en faena “ya sabía que la Ley de Dependencia iba a llevar un tiempo largo de aplicación y de desarrollo” porque exige una inversión muy notable, por encima del  uno por ciento del Producto Interior Bruto. De hecho, surgió destinada al millón de grandes dependientes que existe en España y algunos afectados aseguran que todavía no reciben la ayuda.

A nadie se le escapa la controversia que suscita la financiación de los servicios de atención a la dependencia que se establece en la normativa. Caldera recuerda que “quien gestiona y aplica la Ley son las comunidades autónomas, porque el Estado lo que hace es regular el núcleo esencial del derecho y financiar con el 50 por ciento del coste”. Le hubiera gustado ir más allá pero asegura que no pudo porque desde el Gobierno central “no teníamos competencia”.

Polémicas aparte, el dirigente socialista considera que “en general todo el mundo está haciendo un esfuerzo”, y el Estado el primero, pues en 2009 va a aportar “casi 200 millones de euros adicionales” para prestar la atención necesaria. Que las comunidades decidan aplicar de forma “diferente” determinados servicios para adaptarlos a sus necesidades concretas “no significa que haya desigualdad” territorial. A su juicio, lo importante es que se aplique “el espíritu de la Ley”. Aunque el Partido Popular apoyó su puesta en marcha, critica su escasa operatividad. Arenas lamenta que la Ley de Dependencia “nació cargada de ilusión pero ahora está cargada de frustración” porque muchas personas siguen sin recibir la ayuda que en teoría les corresponde. Es el caso, relata, de un familiar cercano que ha solicitado formalmente la prestación pero al cabo de dos años “está en lista de espera”.

El sector de la discapacidad nunca olvidará la Ley de Dependencia aprobada por Caldera pero él está seguro de que otros colectivos tienen presente medidas de su Gobierno como el matrimonio homosexual y la paga de 2.500 euros por nacimiento de un hijo. Las mujeres también recuerdan dos leyes que Caldera mandó al Parlamento y que salieron con éxito de la criba a la que fueron sometidas por diputados y senadores. Son la Ley Integral contra la Violencia de Género, la primera reforma en aprobarse tras la victoria socialista de 2004, y la Ley de Igualdad.

El ex ministro es un firme convencido de que en España “necesitamos que la igualdad sea real en la empresa, en la política y en la sociedad”. Con este espíritu, José Luis Rodríguez Zapatero conformó un gabinete de ministros con idéntico número de hombres y mujeres cuando ganó sus primeras elecciones. María Teresa Fernández de la Vega, Elena Salgado, Cristina Narbona, María Antonia Trujillo, Magdalena Álvarez, Elena Espinosa, Carmen Calvo y María Jesús Sansegundo pasarán a la historia por semejante hito.

Ahora, señala su compañero Jesús Caldera, “el factor dominante en la distribución del trabajo ya no es la fuerza, sino el conocimiento”  y ahora “son las mujeres las que están demostrando mejores resultados académicos” en las universidades. Por eso, deben asumir puestos de responsabilidad en las empresas, como Amparo Moraleda al frente de IBM España, y en la sociedad, como sucede actualmente con la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas.

Hace 30 años era impensable que una mujer pudiera presidir el Congreso y el Senado, como ocurrió con las populares Luisa Fernanda Rudí en 1996 y Esperanza Aguirre en 1999. La mayoría de los prejuicios que existían en aquella época se han caído y muchas de las barreras han desaparecido. El país y la sociedad han madurado, tal y como corresponde a quien alcanza la treintena.

Retos futuros

Pero aún son muchos los retos que tienen por delante. Caldera apunta especialmente a “conseguir el pleno empleo de las personas discapacitadas” por ser el mejor modo de lograr su “autonomía total” y de alcanzar una igualdad real entre ciudadanos. Javier Arenas considera que el objetivo prioritario de los próximos años debe ser acabar por completo con los malos tratos, que en 2006 provocaron la muerte a 69 mujeres y en 2007 arrebataron la vida a 72.

Para Matilde Fernández, con el 30 aniversario de la Constitución ha llegado el momento de trabajar para que “las ciudades sean habitables” por completo, con todos los servicios públicos necesarios en cada barrio, con un desarrollo sostenible y donde la gente “se encuentre” en espacios cómodos y agradables.

La mejora del sistema educativo es el principal empeño de Manuel Jiménez de Parga, quien además propone una reforma del sistema electoral para acabar con la “sobrerrepresentación” de las formaciones nacionalistas en el Congreso de los Diputados y evitar que legislatura tras legislatura tengan la “llave” del gobierno. Asegura que con este cambio se evitarían tensiones y se podría avanzar todavía más en la mejora de las condiciones de vida de los españoles.

El salto de estos 30 años ha sido muy grande pero aún queda mucho por delante. Las páginas del libro de la Carta Magna han resultado un éxito, el árbol ya ha dado sus frutos y los hijos crecen sanos. El futuro es alentador, aunque no exento de riesgos. La treintena acaba de arrancar para la democracia y para la Constitución. Luego, como dicen los abuelos, queda por vivir la mejor etapa.

“Para mí tuvo especial significado el derecho a sindicarse”

Lara Delgado / Pablo A. Iglesias

Como ministro de Trabajo y Seguridad Social de España entre 1986 y 1990, con el Gobierno de Felipe González, impulsó el reconocimiento de la Carta Europea de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores y se aprobaron normas como la Ley de Aplicación del Descanso por Maternidad o la reforma de la financiación de la Seguridad Social. En esta entrevista, Manuel Chaves repasa aquellos años y habla de las conquistas sociales conseguidas desde entonces.

¿Qué ley aprobada mientras fue ministro considera que supuso un mayor avance en cuanto al reconocimiento de derechos sociales en España?

Fueron muchos los avances sociales que se produjeron durante aquellos años y no resulta fácil elegir sólo uno. No obstante, sin duda el impulso dado a la Carta Europea de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores tuvo una especial relevancia. En un momento en el que España empezaba a sumarse a la construcción europea, este documento permitía a los ciudadanos empezar a visualizar los beneficios de la incorporación a este proceso, también en el ámbito de la protección laboral. Aquel hito, alcanzado hace ahora 20 años, fue sólo un primer paso que se ha desarrollado posteriormente y que ahora debe seguir adelante, porque la realidad actual vuelve a poner de manifiesto la necesidad de avanzar hacia un espacio europeo más homogéneo de derechos para toda la Unión. Siempre he estado en contra de utilizar las diferencias laborales como arma para competir, y a favor de que existan unas reglas claras que tengan en cuenta también los propios derechos de los trabajadores.

Desde que se aprobó la Constitución, ¿cuál es el derecho social que más le ha cambiado la vida a los españoles?

Todas y cada una de las conquistas de nuevos derechos sociales logradas desde la llegada de la democracia han tenido un efecto indudable en la vida cotidiana de los españoles, pero personalmente destacaría las medidas impulsadas en favor de la igualdad de la mujer, tanto en el trabajo como en el ámbito social y familiar. A nadie se le escapa que aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres, pero no es menos cierto que el espectacular avance del empleo femenino durante las últimas décadas era difícil de imaginar al inicio de la Transición. Y en ese proceso ha resultado determinante el compromiso de los poderes públicos, que debe seguir renovándose y ampliándose, lo que redundará en beneficio no sólo de las mujeres, sino de toda la sociedad.

Puesto que los derechos sociales no son exclusivos de los estados democráticos, ¿qué aportó la democracia española al avance y recono-cimiento de este tipo de derechos?

Más allá del avance de nuevos derechos sociales, la principal aportación de la democracia ha sido poder disfrutarlos como ciudadanos libres y con capacidad de elección, tras una etapa demasiado larga marcada por la represión, la censura y un control asfixiante. Comprobar que los derechos nos corresponden a todos y no son una concesión graciable del poder supuso un avance cualitativo de gran valor, que hoy es asumido con total naturalidad. Tanta, que los ciudadanos, legítimamente, reclaman a los poderes públicos su disfrute en las mejores condiciones.

Personalmente, como ciudadano de a pie, ¿qué derecho social le ha cambiado más la vida? ¿Por qué?

Para mí tuvo un significado muy especial la incorporación del derecho a sindicarse libremente recogido en el artículo 28 de la Constitución. Fueron muchos los años en los que colaboré en la reconstrucción de UGT durante el franquismo y la transición a la democracia y por eso sentí una honda satisfacción con el reconocimiento del derecho a la sindicación libre, sin que nadie pudiera ser obligado a inscribirse en una de estas organizaciones.

¿De cuál de los derechos sociales se siente usted más orgulloso?

El reconocimiento de cualquier nuevo derecho para mejorar la vida de los ciudadanos siempre es motivo de orgullo. Pero no puedo ocultar que me causan una íntima satisfacción aquellos que tienen efecto directo sobre la salud de las personas, como el derecho al diagnóstico genético preimplantatorio, que ha permitido el nacimiento de bebés libres de enfermedades hereditarias.

Sinceramente pienso que el hecho de que una ley impulsada desde Andalucía permita que un pequeño pueda nacer sin la losa de una enfermedad a la que de otro modo estaría condenado y además pueda contribuir a la curación de su hermano mayor debe ser motivo de satisfacción para todos los andaluces.

En esta materia, ¿cuál es la asignatura pendiente de España?

Considero que el reto fundamental que los poderes públicos tenemos por delante es el desarrollo total de la Ley de Dependencia, que está suponiendo un verdadero salto de gigante en el reconocimiento de derechos sociales, y que exige un enorme esfuerzo y compromiso por parte de todas las administraciones públicas. En Andalucía estamos a la cabeza de toda España en prestaciones reconocidas y queremos seguir en esa línea con la puesta en marcha de la Agencia Andaluza para la Atención a la Dependencia.