Antonio Almoguera

Fotos: Jorge Villa

Pedro Castro, presidente de la FEMP y alcalde de Getafe

“Los ciudadanos sufren desigualdad  por nacer en un territorio o en otro”

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias cree que la prestación de servicios sociales varía en función del lugar en el que reside cada ciudadano, por eso es vehemente denunciando esta situación. Asimismo, acusa a algunas comunidades autónomas de falta de voluntad para desarrollar la Ley de Dependencia.

¿Qué representa para la FEMP la Ley de Autonomía Personal y el Sistema de Atención a la Dependencia que está en marcha? ¿Por qué está generando tantas controversias?

Esta ley en mi opinión es la más hermosa de la democracia. Es la que garantiza que todos y cada uno de los ciudadanos españoles que en un momento dado necesitan de la solidaridad del conjunto de España, la tengan. Garantiza que el día de mañana cualquier persona dependiente, con discapacidad física, psíquica, por una razón sobrevenida por un accidente, recibirá la atención adecuada. El problema, a mi modo de ver, es que no ha habido una descentralización hacia los municipios y, una vez más, somos los ayuntamientos los que tenemos que estar sin competencias y sin transferencias económicas tirando del carro. Y luego, además, hay algunas comunidades que más que a la ley le están poniendo objeción al Gobierno a través de la propia ley. Y a mí me preocupa que a veces se le pretenda dar una patada al Gobierno a costa de grupos sociales débiles. Eso no tiene ninguna defensa y siempre me van a tener en contra quienes lo hagan.

¿Se refiere a alguna comunidad autónoma en particular?

Hay comunidades como la Valenciana o  la de Madrid que están a la cola en cuanto a la evaluación de las personas en situación de dependencia. Por ejemplo, Andalucía lleva ya 182.000 personas evaluadas, con un 32,27 por ciento, mientras que la Comunidad de Madrid  lleva registradas 16.784, y un 2,97 por ciento. Es de decir, pasar del 32 al 3 por ciento no tiene explicación. Dicen ‘es que no tenemos suficiente información’, ‘es que no tenemos los procesos informáticos...’ Mire usted, eso son disculpas. Por lo tanto, no hay una voluntad por parte de la Comunidad de Madrid o la Valenciana en poner de esta Ley en marcha. Es una situación que puede perjudicar al Gobierno, pero sobre todo está haciendo daño de una manera muy importante a los ciudadanos.

En su opinión, ¿cómo están trabajando las comunidades con los ayuntamientos?

Unas se han concertado con sus gobiernos municipales, han llegado a acuerdos con sus ayuntamientos y, en función de la dimensión de los mismos, pues les han puesto servicios. A los más grandes, menos servicios y a los más pequeños más, porque no tienen capacidad manifiesta para hacer estas evaluaciones. Pero sí, hay comunidades que han establecido convenios con todos sus ayuntamientos. Luego hay otras que han destinado uno, dos, tres o cuatro asistentes o técnicos sociales en función de la dimensión de la ciudad. Otras han transferido incluso recursos económicos. La Comunidad de Madrid, como la de Valencia, no ha trasferido ni recursos económicos ni técnicos sociales.  Por lo tanto, como presidente de la FEMP digo que hay una situación manifiesta de poca predisposición a poner en marcha esta ley.

En la Universidad Menéndez Pelayo usted ha llegado a pedir que la tramitación del expediente del grado de dependencia la hagan los entes locales ya que a estos les corresponde la prestación de servicios...

A los ayuntamientos nos llegan los vecinos y nos dicen ‘tengo este problema’, desempleo, salud... y también en relación con la Ley de Autonomía Personal.  Yo lo que digo es que si llaman a nuestra puerta, debemos tener instrumentos para dar respuesta. Lo más lógico es que las comunidades autónomas, que son las que reciben el dinero y tienen las competencias, hagan convenios con los ayuntamientos, transfieran recursos económicos y humanos, y que seamos los ayuntamientos, que estamos más cerca del ciudadano, los que prestemos los servicios.

¿Teme la FEMP que haya una desigualdad en la prestación de los servicios de la ley? ¿Falta equidad?

Yo denuncio que en estos momentos hay desigualdades sociales entre los municipios pequeños y medios y las grandes ciudades. Las comunidades rurales tienen una población más dispersa y, por tanto, la oferta de servicios es mucho más baja. En prestaciones sanitarias, educativas, culturales, de ocio... Eso lo vengo denunciando: los ciudadanos sufren desigualdades sociales por nacer en un territorio o en otro, en cuanto a prestación de servicios, oportunidades y derecho a tener esas necesidades cubiertas. Estoy en una denuncia permanente. Poner una pinacoteca como El Prado o una universidad en cada pueblo es imposible, una necedad. Pero facilitar el acceso a las nuevas tecnologías hasta en el municipio más pequeño no lo es. ¿Por qué alguien tiene que abandonar su territorio para tener acceso al conocimiento y a los servicios?